Un Amparo Precautorio con Medida Cautelar de No Innovar se presentó en el ámbito judicial para frenar la aplicación de la Ley Provincial 6468, que habilita al gobernador de Jujuy a privatizar de manera parcial o total las empresas estatales de la provincia.
POLITICA11 de septiembre de 2025
El Expreso de Jujuy
La senadora nacional Carolina Moisés afirmó que “esta ley es absolutamente inconstitucional”, porque los diputados provinciales le entregaron al Poder Ejecutivo, facultades que son indelegables y exclusivas de la Legislatura. Con un simple voto, pusieron en riesgo el patrimonio de todos los jujeños y jujeñas”, señaló.
La legisladora remarcó que la norma abre la puerta a la privatización de empresas estratégicas tales como: Banco de Desarrollo de Jujuy S.E., Agua Potable de Jujuy S.E., Cauchari Solar I S.A.U, Cauchari Solar II S.A.U, Cauchari Solar III S.A.U, Jujuy Solar S.A., Jujuy Litio S.A.P.E.M., Cannabis Avatara S.E., GIRSU Jujuy S.E., Jujuy Digital S.A.P.E.M., Jujuy Hidrocarburos S.A.U., Zona Franca S.A.P.E.M.
“Son empresas que pertenecen al pueblo de Jujuy, que se construyeron con recursos de la provincia y que hoy están bajo amenaza de ser entregadas a intereses privados sin información, sin debate y sin transparencia”, advirtió.
En paralelo a la acción judicial, Moisés informó que también presentó notas formales al gobernador Carlos Sadir y al vicegobernador Alberto Bernis, exigiendo explicaciones sobre los motivos por los cuales se impulsó este proyecto y se aprobó en la Legislatura sin brindar información alguna a la ciudadanía ni al propio cuerpo legislativo. “El Poder Ejecutivo debe dar la cara y explicar qué pretende hacer con las empresas que son patrimonio de todos los jujeños. No aceptamos más secretismo ni negociados en las sombras”, subrayó.
En ese marco, Moisés explicó que el recurso judicial presentado busca evitar un mal mayor:
“Si el gobernador promulga esta ley, tendrá en sus manos la suma del poder público para vender las empresas estatales de manera total, incluso contradiciendo la propia letra de la norma. Lo que corresponde, es que cualquier decisión de privatización sea analizada y votada ley por ley, con informes técnicos, balances y un debate público serio”.
La senadora también recordó que ya ha reclamado en reiteradas oportunidades, informes sobre proyectos como el Tren Solar y las empresas de litio, sin obtener respuestas claras del Gobierno provincial:
“Ocultan la información, no rinden cuentas y ahora pretenden hacer negocios a espaldas de los jujeños. Estamos defendiendo lo que es nuestro: el agua, la energía, el litio, el cannabis medicinal. No vamos a permitir que se remate el futuro de la provincia”.
Finalmente, subrayó que su presentación judicial no solo defiende el patrimonio estatal, sino también a los trabajadores de las empresas públicas que hoy viven en la incertidumbre:
“Detrás de cada empresa hay familias jujeñas que dependen de esos empleos. No se trata solo de números, se trata de la vida cotidiana de miles de hogares. Por eso recurrimos a la Justicia y exigimos que se respete la Constitución”, concluyó.
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