Fernando Burgos
La medida se llevó a cabo en cumplimiento de la Acordada Nº 5/2021, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia dispuso la eliminación de armas y municiones, librando oficio a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para el retiro y procedimiento de destrucción.
En esta primera entrega, se dispuso la remisión de 436 armas de fuego al Centro al Centro Judicial de San Pedro, que serán trasladadas a los depósitos oficiales de la Registro Nacional de Armas (RENAR) para su destrucción conforme a los protocolos vigentes.
Durante el acto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ekel Meyer expresó: “Estas son armas que se sacan de la delincuencia y se destruyen en un trabajo articulado entre el Poder Judicial y los organismos nacionales. Quiero agradecer el trabajo de todo el Centro Judicial San Pedro, al encargado de depósito Jorge Samman y a todo el personal por este cuidadoso trabajo que permite retirar de circulación estas 436 armas”.
El procedimiento tuvo origen en un informe elaborado por la Dra. Liliana Pellegrini, jueza habilitada en el Juzgado de Causas Ley Nº 3584, en el que se detalló la existencia de armas incautadas conforme a la normativa vigente, y cuya remisión fue ordenada a los organismos competentes.
Participaron de la entrega el Dr. Ekel Meyer, acompañado por el juez de la Suprema Corte, Dr. Martín Llamas; los jueces del fuero penal del Centro Judicial San Pedro Dres. Liliana Pellegrini, Juan Cabezas Hametti, Leonardo Zazzali, Pamela de la Cruces, Marcelo Ibáñez y Sergio González; y el Jefe de la Policía de la Provincia Crio Gral. Milton Sánchez.
Asimismo, estuvo presente Sergio Sarlo, Coordinador Nacional del Banco de Armas y Municiones del país (BANMAC – RENAR), quien supervisó el operativo de recepción y traslado del material incautado, garantizando su derivación a los depósitos oficiales.
De esta manera, la Suprema Corte de Justicia reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad pública y la responsabilidad institucional en el tratamiento de los bienes incautados en el marco de los procesos judiciales.
