Los estupefacientes eran trasladados mediante encomiendas. Las maniobras habrían sido ejecutadas entre abril y agosto de este año. En la audiencia, se imputó también a otras dos personas, a las cuales se les prohibió la salida del país. La investigación se lleva adelante en colaboración con PROCELAC, ARCA y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
JUDICIALES09 de septiembre de 2025
El Expreso de Jujuy
En el marco de una investigación llevada adelante por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, cuatro personas fueron imputadas por haber participado en distintas maniobras de tráfico de drogas sintéticas como éxtasis y LSD desde Córdoba hacia Jujuy, que habrían llevado adelante desde abril y agosto de este año a través de siete encomiendas.
En la audiencia de formalización y ante el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Jujuy, se requirió la prisión preventiva para los cuatro -tres hombres y una mujer-. El juez Eduardo Hansen hizo lugar al pedido en relación a dos de ellos y a las otras dos personas les prohibió la salida del país y ordenó una serie de medidas para garantizar que no entorpezcan la investigación.
De acuerdo con lo planteado por la auxiliar fiscal Sofía Escudero, existió una maniobra de tráfico de drogas sintéticas entre el 22 de abril y el 13 de agosto de este año. Según explicó, se pudieron reconstruir siete envíos de encomiendas de Córdoba a Jujuy, a través de los videos de las cámaras de seguridad de la empresa utilizada, las constancias remitidas por la compañía de transportes y las transferencias de dinero entre implicados.
Los tres hombres, identificados por sus iniciales como J.J.T.Y., G.B.G.M. y J.J.V., fueron imputados por el transporte de sustancias estupefacientes previsto en el artículo 5 inciso c de la ley 27.737. En el caso de J.J.T.Y., ese delito concurre de forma real con siete hechos de transporte en los que también intervino como coautor J.J.V.. Con respecto a la mujer, F.R.T.S., se la señaló como responsable de la tenencia con fines de comercialización.
El inicio del caso
La fiscalía explicó que la investigación comenzó el 26 de febrero de 2025, luego de la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ello se dio luego de un allanamiento realizado el 9 de febrero en la ciudad de Jujuy, donde se encontraron distintas sustancias, que llevaron a la sospecha de que se estaban produciendo estupefacientes de tipo sintético.
Una de las personas imputadas en el fuero provincial declaró como colaboradora en la causa y señaló que recibía drogas (como éxtasis y LSD) por parte de J.J.T.Y., a través de encomiendas remitidas por una empresa de transporte que le enviaba desde Córdoba.
Tras el inicio del caso en el fuero federal, debido a que la producción de estupefacientes es una infracción a la ley 23.737 cuya investigación corresponde al MPF de la Nación, la Unidad Fiscal llevó adelante una serie de medidas para identificar a la persona señalada. En ese sentido, se le dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
“Hay una red interjurisdiccional que trafica drogas sintéticas, estupefacientes que tienen alta capacidad tóxica y hay un despliegue de dinero y transferencias”, indicó la auxiliar fiscal en la audiencia de formalización de la investigación y de control de detención, realizada el viernes pasado. Explicó entonces que durante las tareas investigativas se identificó a J.J.T.Y., que habría realizado una encomienda desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba que habría sido retirada en Jujuy por J.J.V..
Luego de que se profundizara la investigación y se solicitara el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de ambos, se observaron diversas transferencias de dinero a la cuenta de Vásquez, que luego eran enviadas de forma inmediata a J.J.T.Y.. Según señaló el MPF, J.J.V. no registra ningún tipo de trabajo y la única actividad que se le observó llevar adelante fue la venta de estupefacientes, a través de la modalidad conocida como “pasamano”.
Además, de los informes solicitados a la empresa de transporte, surgió que existía “gran frecuencia y periodicidad” en los envíos realizados. También se pudo establecer que quienes iban a las oficinas de despacho tanto en Córdoba como en Jujuy eran los dos involucrados.
Tras una serie de medidas, se pudo identificar que la imputada F.R.T.S. era una de las principales destinatarias del dinero que enviaba J.J.T.Y. habitualmente. Incluso se identificó que una de las encomiendas fue enviada por la mujer el 8 de agosto pasado.
Además, en la trama se señaló también a G.B.G.M., destinatario en Tucumán de otra encomienda enviada por J.J.T.Y.. En ese marco, el 2 de septiembre último, se llevó adelante una apertura y entrega vigilada. En ese paquete se hallaron 225 dosis de cartones que resultaron positivos para LSD.
El 4 de septiembre, la PSA interceptó a G.B.G.M., que se había presentado en la Terminal de Ómnibus de Tucumán para retirar el paquete. A partir de allí, se llevaron adelante una serie de allanamientos en los domicilios de los cuatro imputados, donde se secuestraron distintos tipos de estupefacientes (como marihuana y MDMA) e incluso un "combo" denominado "Faster and Furious" que lo integraban diferentes pastillas. Además, se incautaron celulares, computadoras y diversos elementos destinados a la fabricación y comercialización de drogas.
Al momento de sustentar la imputación, la fiscalía se basó en la evidencia que surgió del levantamiento del secreto fiscal, las conversaciones entre los involucrados (obtenidas luego de la intervención de los celulares), los informes de la PSA y de la ARCA; las filmaciones obtenidas de las cámaras de seguridad y los distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.
Además, Orsetti requirió un plazo de 110 días hábiles y la autorización para peritar celulares y los dispositivos electrónicos secuestrados. Indicó además que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) colabora en el caso y pidió la prisión preventiva para los cuatro por tratarse de “delitos graves vinculados al tráfico de estupefacientes que se encuentra conminado con una pena privativa de la libertad que parte de los 4 años de prisión como mínimo”.
El juez homologó las imputaciones e hizo lugar a la prisión preventiva de J.J.T.Y. y J.J.V.. En el caso de G.B.G.M. y F.R.T.S., les prohibió la salida del país sin autorización judicial y ordenó que se presenten cada siete días en una delegación de la Policía Federal Argentina.
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