Gabriel Estrada es psicóloga social, trabajadora del área de Educación No Formal del Ministerio de Educación de Jujuy y denuncia que desde marzo no cobra su sueldo ni tiene resolución de designación pese a que fue seleccionada y convocada para ejercer funciones. Apunta a la falta de respuestas oficiales, las consecuencias personales y familiares que enfrenta, y exige una solución urgente.
14 de junio de 2025
El Expreso de Jujuy
Gabriela, ¿cuál es su función dentro del Ministerio de Educación?
Desde hace cinco años me desempeño como responsable regional en el área de educación no formal. Presenté mi proyecto en febrero, fue evaluado y aprobado. Desde diciembre vengo gestionando y pidiendo respuestas por mi situación laboral, pero hasta hoy no tengo una resolución firmada que me respalde, aunque me piden que cumpla funciones.
¿Recibió algún tipo de pago o reconocimiento formal desde entonces?
No. Estoy sin percibir mis haberes ni sueldo desde marzo. Sin embargo, mi obra social aparece como activa desde ese mes, lo cual evidencia que alguien tramitó mi alta en el sistema. Es decir, tengo obligaciones, pero no derechos.
¿Recibió alguna respuesta oficial del Ministerio?
La única área donde me escucharon fue Recursos Humanos de Casa de Gobierno. En el Ministerio de Educación nadie me atiende. Me dicen que tenga paciencia, que espere. Pero mientras tanto, mi situación económica y emocional es desesperante. El trato institucional es de absoluto destrato. Incluso ayer, un abogado del área me maltrató verbalmente.
¿Cuál es la situación personal que atraviesa mientras espera una resolución?
Soy madre sola, con hijos estudiando en Córdoba. Ayer, mientras salía sin respuestas de Casa de Gobierno, mi hija me mandó una foto haciendo fila en un comedor para recibir un plato de comida. Está por ser desalojada del departamento donde vive. No puedo seguir tolerando esta violencia institucional. Estoy atravesando ansiedad, angustia, miedos. Recurrir a terapia psicológica, pero ni siquiera tengo dinero para pagarla.
¿Qué tipo de irregularidades detectó en su área?
Muchas. Primero me dicen que no tengo trabajo, después me convocan para decirme qué actividades debo realizar. Me llaman de distintas áreas, pero nadie asume responsabilidades. Hace un mes pusieron como encargado al doctor Cabrera, pero también fue testigo de las violencias internas que sufrimos. En febrero, sin autoridad clara, nos pidieron que presentáramos proyectos y declaraciones juradas. ¿Quién dio esas directivas? Nadie lo sabe.
¿Conoce otros casos similares al suyo?
Sí, hay muchas personas en la misma situación. Personas trabajando sin resolución ni sueldo. Algunas volvieron a cumplir funciones hace dos semanas. Yo ni siquiera tengo confirmado formalmente el cargo.
¿Cuáles son los nombres de los funcionarios que podrían dar respuesta a su caso?
Espero respuestas del Ministerio de Educación, del área de Educación No Formal. Me dijeron que fui seleccionada. Mi proyecto fue evaluado por pedagogos, supervisores y autoridades del ministerio. ¿Entonces por qué no tengo resolución ni sueldo? Aparecen nombres como Julia Alarcón, Bruno Cabrera y la ministra, pero ninguno da la cara.
¿A quiénes responsabiliza directamente?
Espero respuestas de la ministra, de Julio Alarcón, de Bruno Cabrera, del Ministerio de Educación en su conjunto. He agotado todos los canales formales. Si hace falta hablar con el gobernador, lo haré. No es justo que cumpla funciones sin sueldo, sin derechos, con tanta violencia.
¿Qué reclamo concreto está haciendo?
Justicia. Que me paguen lo que me deben. Que me reconozcan el cargo por el cual fui seleccionada. Que cesen las violencias institucionales. Yo no voy a seguir callada. Si tengo que hablar con el gobernador, lo haré. No puedo permitir que el Estado me re victimice. He sido víctima de violencia de género y hace cuatro años recibo asistencia. No quiero más violencia. Solo quiero una respuesta.
La convocatoria es para hoy a las 18 horas desde la plazoleta ubicada en calle Yécora y Olavarría, detrás de Radio Nacional en el Barrio Mariano Moreno. Los familiares piden justicia por las tres víctimas que habrían sido captadas en el lugar por el presunto asesino serial Matías Jurado.
El histórico edificio del Palacio de Tribunales, inaugurado en el año 1967 y considerado un hito urbano de la ciudad capital, atraviesa un proceso de modernización y puesta en valor que busca realzar su arquitectura y fortalecer su identidad como patrimonio colectivo.
El procedimiento se realizó a partir de una denuncia anónima, donde daba cuenta que un camión de gran porte, procedía partir de la ciudad fronteriza con una carga ilegal. Inmediatamente se montó un operativo y se detuvo a dicho camión, se lo trasladó hasta el scaner de la Aduana de La Quiaca y se pudo constatar que en el tanque de combustible, iba camuflada la droga.
Mariana Vargas, asesora legal de la familia de Tamara Fierro, la joven asesinada en Fraile Pintado, denunció encubrimiento por parte de la fiscalía que investiga el caso y señaló que el fiscal Resúa se resisten a imputar a la madre del principal acusado, lo que obstaculiza el avance de la causa, pero sí armó una causa contra Olga Posada, por “convocar a una marcha”.
Se trata de la dirigente y referente de trabajadores de la economía popular de Jujuy y dirigente de AFAAJ (Ambulantes, Feriantes y Afines Agremiados de Jujuy) Gladys Zambran, que fue detenida de manera irregular por policías de civil, sin que se conozcan las causas que le imputan, en una clara maniobra de persecución política judicial.