PREOCUPACIÓN POR EL CURSO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA RED DE ABUSO SEXUAL DEL HOTEL RANYS

Señaló que tuvo acceso a información de que el fuero federal, donde se tramita la causa ya que la justicia provincial se declaró incompetente en el mes de diciembre, el 10 de enero le otorgó la libertad a Raúl Ruarte uno de los dueños del hotel e imputado en la causa.

La medida, indicó Albizo Cazón, fue dispuesta por el Juez Federal de Garantía Dr. Esteban Eduardo Hansen quien además habría ordenado la libertad de otros 16 detenidos. Según se supo, en el caso de Ruarte, su defensa interpuso un Habeas Corpus.

En este marco de poca claridad sobre el proceso judicial, el Licenciado califico la situación como preocupante “por cuanto se trata de una causa sumamente sensible por la gravedad de los hechos que necesita seguimiento, transparencia y sobre todo resolución”.

Cabe recordar, señaló Albizo Cazón que esta causa investigaba la presunción de comisión de ilícitos como ser grooming, abuso sexual, corrupción de menores, facilitación de la prostitución y asociación ilícita”. Y aclaró que, “si bien por ese motivo no se puede revelar mucho, la justicia federal si puede ser clara y concisa brindando información”.

Además, el Licenciado advirtió que hay fuertes rumores de que la justicia provincial habría administrado mal la causa lo cual genera preocupación sobre la posibilidad de que quede trunco todo el proceso.

El hotel del horror

A través de una rueda de prensa, en el mes de noviembre lo fiscales del MPA, Fernández Ríos y Rondón contaron que la investigación inició como una causa de grooming en diciembre del 2023. Según detallaron, todo comenzó a partir de la denuncia de una madre que había encontrado conversaciones con contenido sexual en el teléfono celular de su hija.

En esta oportunidad los fiscales revelaron el método mediante el que las víctimas eran captadas por la banda que cometía los aberrantes hechos que era a través de las redes sociales. Señalando además que los abusos ocurrieron no solo en el hotel Ranys, sino también en otros domicilios en el interior de la provincia. Aquí, Fernández Ríos y Rondón explicaron que la organización era de gran magnitud y que creían que detrás existía una asociación ilícita que operaba en distintas localidades jujeñas. Por lo cual anunciaban que habría alrededor de treinta detenciones.

Con el correr de los meses, se sumaron nuevas denuncias y, además de grooming, se reveló la comisión de otros delitos, como abuso sexual, corrupción de menores, y producción y distribución de material de abuso sexual infantil. A partir de las pruebas recabadas, se realizaron los allanamientos.