El Expreso de Jujuy
Al cierre del periodo legislativo del 2024, la Legislatura provincial había aprobado la Ley Nº 6.453 que disponía la creación del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA).
Desde ese momento, surgieron distintas opiniones cuestionando la validez de este seguro, sobre todo porque imponía un costo significativo a sectores de escasos recursos, para acceder al sistema provincial de salud.
En un comunicado emitido desde Casa de Gobierno se especifica que "la medida se debe a la desinformación circulante, la confusión provocada y el aprovechamiento político que se hizo en relación al alcance de dicha norma".
"SEPROSA fue creado para propiciar la apertura del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y, por esta vía, beneficiar a todos los habitantes con la cobertura de la mejor obra social de la provincia, garantizando prestaciones médico-asistenciales de calidad".
Sin embargo, desde su aprobación, esta ley, impulsada por el ministro de Salud Gustavo Bouhid y aprobada por votos radicales y rivarolistas, se ganó la oposición en la opinión pública. No solo la rechazaban sino hasta gente vinculada con el partido gobernante la miraban con cierta preocupación de que sea peor el remedio que la enfermedad, tal cual está ocurriendo con el gobierno nacional a cargo de Javier Milei, que a cambio de bajar la inflación está provocando una profunda recesión y desocupación, mientras el salario pierde poder adquisitivo.
Bouhid insistió hasta el último de convencer de los supuestos beneficios del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) con publicaciones en las redes sociales, sin embargo, no consiguió el efecto buscado porque la gente mantuvo su opinión en contra.
Otra cosa sería si la atención hospitalaria fuera de excelencia en la provincia, algo para lo que aún falta muchísimo. A grandes rasgos, la norma imponía el pago de un seguro mensual para recibir atención hospitalaria, de lo contrario había que pagar al momento de la atención, o, como tercera opción, tener un certificado "de pobreza" que demostrara que el eventual paciente no tenía trabajo, o vivía en una situación de extrema carestía.
El veto no solamente es resultado de las opiniones contrarias expuestas por partidos y otras organizaciones que el oficialismo califica de "opositores" sino también de ciudadanos jujeños consultados en trabajos de opinión pública realizados por consultoras. Opinión que significa también un gran tirón de orejas para los legisladores que por "obediencia" se olvidaron que representan a la gente, y aprobaron una ley que afectaba directamente los ingresos de la familia jujeña. Sobran los dedos de las manos para contar quiénes fueron los legisladores que opusieron a una ley, que además era inconstitucional por donde se la mire.
