Finalmente, el gobernador Carlos Sadir decidió terminar con la polémica que tenía entre cejas y cejas al gobierno provincial, y vetó la ley que creaba el Seguro Provincial de Salud, que imponía que para ser atendido en los hospitales y centros de salud públicos, había que pagar un seguro, o sea, a cambio de un pago dinerario, lo que terminaba con el derecho constitucional a la salud pública. El argumento del veto es por la confusión que generaba el tema y "el aprovechamiento" de sectores opositores.
JUJUY15 de enero de 2025
El Expreso de Jujuy
Al cierre del periodo legislativo del 2024, la Legislatura provincial había aprobado la Ley Nº 6.453 que disponía la creación del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA).
Desde ese momento, surgieron distintas opiniones cuestionando la validez de este seguro, sobre todo porque imponía un costo significativo a sectores de escasos recursos, para acceder al sistema provincial de salud.
En un comunicado emitido desde Casa de Gobierno se especifica que "la medida se debe a la desinformación circulante, la confusión provocada y el aprovechamiento político que se hizo en relación al alcance de dicha norma".
"SEPROSA fue creado para propiciar la apertura del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y, por esta vía, beneficiar a todos los habitantes con la cobertura de la mejor obra social de la provincia, garantizando prestaciones médico-asistenciales de calidad".
Sin embargo, desde su aprobación, esta ley, impulsada por el ministro de Salud Gustavo Bouhid y aprobada por votos radicales y rivarolistas, se ganó la oposición en la opinión pública. No solo la rechazaban sino hasta gente vinculada con el partido gobernante la miraban con cierta preocupación de que sea peor el remedio que la enfermedad, tal cual está ocurriendo con el gobierno nacional a cargo de Javier Milei, que a cambio de bajar la inflación está provocando una profunda recesión y desocupación, mientras el salario pierde poder adquisitivo.
Bouhid insistió hasta el último de convencer de los supuestos beneficios del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) con publicaciones en las redes sociales, sin embargo, no consiguió el efecto buscado porque la gente mantuvo su opinión en contra.
Otra cosa sería si la atención hospitalaria fuera de excelencia en la provincia, algo para lo que aún falta muchísimo. A grandes rasgos, la norma imponía el pago de un seguro mensual para recibir atención hospitalaria, de lo contrario había que pagar al momento de la atención, o, como tercera opción, tener un certificado "de pobreza" que demostrara que el eventual paciente no tenía trabajo, o vivía en una situación de extrema carestía.
El veto no solamente es resultado de las opiniones contrarias expuestas por partidos y otras organizaciones que el oficialismo califica de "opositores" sino también de ciudadanos jujeños consultados en trabajos de opinión pública realizados por consultoras. Opinión que significa también un gran tirón de orejas para los legisladores que por "obediencia" se olvidaron que representan a la gente, y aprobaron una ley que afectaba directamente los ingresos de la familia jujeña. Sobran los dedos de las manos para contar quiénes fueron los legisladores que opusieron a una ley, que además era inconstitucional por donde se la mire.
Podólogas y estudiantes realizaron valoraciones, enseñaron autoevaluación, advirtiendo sobre la importancia del uso de un calzado adecuado para evitar lesiones graves y amputaciones.
Tras una intensa jornada, el frente Generación Universitaria se impuso con el 80% de los electores, las elecciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Después de seis años sin renovación de autoridades, los estudiantes eligieron a sus nuevos representantes para conducir el Centro de Estudiantes.
Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.
El Intendente de La Quiaca Dante Velázquez, anunció en conferencia de prensa la “recategorización” para los empleados del municipio y además el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que estén prestando servicio en distintas modalidades.
El gobierno de la provincia cerró el año otorgando un mínimo aumento salarial del 2,5% y un bono de fin de año de 300 mil pesos, además de algunos otros ítems que solo repercuten en algunos sectores. El descontento de los gremios estatales es evidente, pero no hay reacción de ningún sector, solo manifiestos, paros que no inciden en ningún sentido en la actividad económica de la provincia y no afectan en nada al gobierno.
Después de seis años, en la Facultad de Humanidades volvió a realizarse elecciones para renovar 15 integrantes del Centro de Estudiantes. Durante toda la mañana el acto se desarrolla con total normalidad, más allá del clima caldeado en que se llega a esta instancia.
La Fiscalía que investiga al empresario Oded Kindermann por distintos hechos de abuso, modificó la imputación del mismo a abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda, con lo cual también se amplió la prisión preventiva por 30 días, razón por la cual continuará privado de su libertad.
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Un menor de 15 años casi pierde la vida tras ser agredido el pasado fin de semana, en inmediaciones del Hospital Snopek donde fue atacado por una patota integrada por jugadores de un club de rugby y un estudiante de la Escuela de Policía. En horas de la tarde de esta jornada el mismo grupo volvió a citar al menor en el mismo lugar, probablemente para volver a agredirlo y fueron detenidos.
Los dos integrantes de una patota denominada “scratch” que agredieron a un menor de 15 años el pasado sábado en el barrio Alto Comedero, podrían quedar imputados y en prisión hasta que termine la investigación preparatoria. Por ahora se dictó una perimetral para proteger al menor agredido.
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