Diputados del PTS-FITU se suman a las exigencias generalizadas de derogación de la ley que privatiza la salud pública. Presentaron un proyecto en la Legislatura por considerarlo inconstitucional e imponer un arancel a quienes no tienen obra social o medicina prepaga. Estuvieron acompañados por el diputado nacional Alejandro Vilca
POLITICA27 de diciembre de 2024
El Expreso de Jujuy
Luego de presentado el proyecto los diputados se expresaron respecto a los argumentos que motivan el pedido de derogación de la Ley N° 6453 que votaron el oficialismo radical con la recurrente ayuda de sectores del peronismo.
Natalia Morales señaló “presentamos el proyecto para derogar la Ley que crea el Seguro provincial de salud - SePRoSa - porque pone fin a la gratuidad de un derecho humano como es la salud pública”.
Ratificó que “se trata de una Ley aprobada de forma exprés y sin tratamiento en comisión, a espaldas de las organizaciones sindicales y el sector afectado directamente como son las y los trabajadores precarizados que no cuentan con obra social o no pueden pagar una prepaga, como sucede con feriantes, manteros, remiseros, en la construcción, la gastronomía, el turismo, la hostelería, el comercio y la actividad rural”.
Por este motivó señaló que desde el espacio ven con mucha preocupación que se haya aprobado de esta manera. “Por eso la presentación de este proyecto de derogación de esta ley que es parte de una serie de medidas que queremos impulsar desde el bloque del PTS FIT, el único que se opuso de forma contundente” señaló Morales.
También explicó que “con esta presentación se podrá impulsar una gran campaña de los sindicatos de la salud , la CGT y la CTA, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, para hacer retroceder esta ley y el accionar del gobierno radical y sus socios del PJ”.
En tanto, Miguel López, agregó “decimos que la ley de Seguro Provincial de Salud es inconstitucional porque niega el principio de progresividad en materia de derechos humanos consagrado por la constitución nacional y los tratados internacionales a la que está adhiere. Es una medida reaccionaria y regresiva en materia de derecho al cobrarle un arancel equivalente a 5 consultas médicas sacadas del Instituto de Seguro de Jujuy, a los sectores sociales más vulnerables que al no poder acceder a trabajo registrado, realizan labores en condiciones de precarización e informalidad para resolver el sustento económico diario de sus familias”.
Por su parte Gastón Remy, puntualizando que “con el SeProSa se beneficia el gobierno provincial, que pese a tener superávit busca vías recaudatorias regresivas, exceptuando de impuestos a quienes más fortunas tienen o cobrándole impuestos irrisorios en relación a sus ganancias, y ajustando a los que menos ingresos tienen”.
Por último, Alejandro Vilca, manifestó que “en los bloques que votaron esta ley de Seguro Provincial de Salud hay presidentes de bancadas legislativas que son dueños de clínicas, también hay diputados provinciales oficialistas y titulares de ministerios que son dueños de clínicas, y hasta diputados nacionales del bloque oficialista que ven con agrado este arancelamiento, porque también son dueños de sanatorios y clínicas, esa es la vinculación que hay entre su política legislativa reaccionaria y regresiva en materia de derechos con sus negocios. No debemos permitírselo, por eso es que junto con el ingreso de este proyecto de derogación del SeProSa planteamos la organización y movilización del pueblo trabajador en defensa de la salud pública”.
Diego Santilli buscará reunirse esta semana con el gobernador Carlos Sadir para asegurar apoyos para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral antes del inicio de las sesiones extraordinarias.
La UCR podría partirse otra vez en diciembre y quedarse con el bloque más chiquito de la historia del radicalismo, por lo menos, desde el retorno de la democracia. Mientras Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés miran con ansias sus propias chances de suceder a Martín Lousteau en la presidencia del partido, los 12 diputados radicales que permanecerán en la Cámara Baja no encuentran razones para unirse, pese a los esfuerzos que desde el entorno de varios legisladores presumen que hacen.
En Santiago del Estero se definió la conformación del grupo de los los gobernadores del Norte Grande, cuyo presidente e interlocutor con el gobierno nacional, será el catamarqueño Raúl Jalil, muy cercano a Milei.
La agenda parlamentaria está trazada hasta fin de año y el tratamiento de la Ley de Coparticipación Municipal, no está o no figura por ningún lado. Básicamente, el gobierno provincial no remitió ningún proyecto para que se discuta en ese ámbito, y todo hace prever que los intendentes se quedaron nuevamente sin la posibilidad de contar con una ley que le asegure un mayor flujo de recursos y sin estar mendigando en Casa de Gobierno.
Entre los temas previsto, está el ingreso del Presupuesto 2026, para que tome estado parlamentario. En reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara de Diputados, junto a los presidentes de los bloques , afirmaron que abordarán los despachos emitidos por las distintas comisiones, así como algunos temas que quedaron pendientes en el orden del día de la sesión anterior.
Se dedicará a profundizar la vigilancia de las fronteras. El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la Ley de Migraciones, y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en aeropuertos.
El flamante manager deportivo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Julio Chiarini, hizo una evaluación preliminar del nivel y la capacidad del plantel albiceleste. “No hay mucho por traer, hay que mantener esta base para lograr grandes objetivos” afirmó.
Vecinos del Barrio Florida, ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 9 en la ciudad de Tilcara, se encontraron con uno de sus principales acceso, cerrado por disposición de Vialidad Nacional. Denuncian que la obra impulsada por el organismo nacional, se realizó sin previo aviso ni consulta a la comunidad, afectando la seguridad vial, el acceso a servicios esenciales y la economía local.
Para el sistema judicial, la suspensión de audiencias sin motivo concreto, es normal. Pero dejan un manto de impunidad en distintos casos por accidente de tránsito, porque familiares tienen que salir a “mendigar” justicia. Esto pasa con tres casos emblemáticos que sucedieron hace ya varios años y que siguen sin encontrar justicia.
Integrantes de la comunidad indígena Cipaqui, de la zona de Purmamarca, se manifestaron en plaza Belgrano tras recibir una notificación de desalojo para una familia del paraje Kiskiri. Afirman que no conocen el motivo oficial, sospechan vínculos con un proyecto turístico y exigen que la medida sea revocada por escrito. El plazo vence este miércoles.