Diputados del PTS-FITU se suman a las exigencias generalizadas de derogación de la ley que privatiza la salud pública. Presentaron un proyecto en la Legislatura por considerarlo inconstitucional e imponer un arancel a quienes no tienen obra social o medicina prepaga. Estuvieron acompañados por el diputado nacional Alejandro Vilca
POLITICA27 de diciembre de 2024
El Expreso de Jujuy
Luego de presentado el proyecto los diputados se expresaron respecto a los argumentos que motivan el pedido de derogación de la Ley N° 6453 que votaron el oficialismo radical con la recurrente ayuda de sectores del peronismo.
Natalia Morales señaló “presentamos el proyecto para derogar la Ley que crea el Seguro provincial de salud - SePRoSa - porque pone fin a la gratuidad de un derecho humano como es la salud pública”.
Ratificó que “se trata de una Ley aprobada de forma exprés y sin tratamiento en comisión, a espaldas de las organizaciones sindicales y el sector afectado directamente como son las y los trabajadores precarizados que no cuentan con obra social o no pueden pagar una prepaga, como sucede con feriantes, manteros, remiseros, en la construcción, la gastronomía, el turismo, la hostelería, el comercio y la actividad rural”.
Por este motivó señaló que desde el espacio ven con mucha preocupación que se haya aprobado de esta manera. “Por eso la presentación de este proyecto de derogación de esta ley que es parte de una serie de medidas que queremos impulsar desde el bloque del PTS FIT, el único que se opuso de forma contundente” señaló Morales.
También explicó que “con esta presentación se podrá impulsar una gran campaña de los sindicatos de la salud , la CGT y la CTA, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, para hacer retroceder esta ley y el accionar del gobierno radical y sus socios del PJ”.
En tanto, Miguel López, agregó “decimos que la ley de Seguro Provincial de Salud es inconstitucional porque niega el principio de progresividad en materia de derechos humanos consagrado por la constitución nacional y los tratados internacionales a la que está adhiere. Es una medida reaccionaria y regresiva en materia de derecho al cobrarle un arancel equivalente a 5 consultas médicas sacadas del Instituto de Seguro de Jujuy, a los sectores sociales más vulnerables que al no poder acceder a trabajo registrado, realizan labores en condiciones de precarización e informalidad para resolver el sustento económico diario de sus familias”.
Por su parte Gastón Remy, puntualizando que “con el SeProSa se beneficia el gobierno provincial, que pese a tener superávit busca vías recaudatorias regresivas, exceptuando de impuestos a quienes más fortunas tienen o cobrándole impuestos irrisorios en relación a sus ganancias, y ajustando a los que menos ingresos tienen”.
Por último, Alejandro Vilca, manifestó que “en los bloques que votaron esta ley de Seguro Provincial de Salud hay presidentes de bancadas legislativas que son dueños de clínicas, también hay diputados provinciales oficialistas y titulares de ministerios que son dueños de clínicas, y hasta diputados nacionales del bloque oficialista que ven con agrado este arancelamiento, porque también son dueños de sanatorios y clínicas, esa es la vinculación que hay entre su política legislativa reaccionaria y regresiva en materia de derechos con sus negocios. No debemos permitírselo, por eso es que junto con el ingreso de este proyecto de derogación del SeProSa planteamos la organización y movilización del pueblo trabajador en defensa de la salud pública”.
La cifra surge del presupuesto provincial que se pondrá en discusión la próxima semana. El diputado provincial oficialista, Santiago Jubert admitió que esos recursos pueden llegar a la provincia a través del un compromiso del Presidente de la Nación y se destinaría a cubrir distintos gastos de funcionamiento del estado provincial.
En reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Finanzas y Legislación General, se presentó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y se análisis el proyecto de creación del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento.
Si bien esa posibilidad no está contemplada en la Constitución jujeña, sostuvo que sería el método más transparente para designar jueces que no estén vinculados con sectores políticos.
El Senador jujeño por La Libertad Avanza, destacó el apoyo del gobernador Carlos Sadir a las reformas que se impulsa desde el gobierno nacional en materia laboral, además del tratamiento que está teniendo en el Congreso el Presupuesto 2026.
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El cierre del ex Banco Provincia en el año 1997 dejó un saldo que todavía no puede ser subsanado. Son sus trabajadores que todavía reclaman la propiedad participada, un derecho que le pertenece, que fue judicializado y ganado en todas las instancias, pero que no se hace efectivo por decisión de las autoridades del estado provincial.
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