Durante los últimos días se realizaron 27 allanamientos a dirigentes sociales por presunta extorsión a beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo. Tras los operativos denunciaron amenazas, irregularidades e intimidación en los procedimientos.
JUDICIALES13 de mayo de 2024
El Expreso de Jujuy
Por denuncias remitidas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Justicia federal ordenó los allanamientos contra dirigentes de distintos movimientos sociales, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, en su mayoría del Potenciar Trabajo.
Entre los involucrados según expediente judicial se encuentran integrantes del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, todos citados a indagatoria para determinar si las denuncias ameritan imputación.
Desde la cartera de Seguridad de la Nación anunciaron que las medidas judiciales se decidieron a raíz de tres denuncias recibidas en la línea 134, difundida de manera oficial por el Gobierno, a través de la ministra del área, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, 27 allanamientos. También dispuso que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan. Todavía no hay detenidos.
Dicha investigación surge a través de una denuncia presentada en la Justicia por parte del propio Gobierno, en la que se plantea que intermediarios de los planes sociales chantajeaban a beneficiarios a cambio de una suerte de “peajes” que les tenían que pagar para poder cobrar el subsidio, o bien asistiendo a marchas mediante amenazas.
Fuentes judiciales dieron a conocer que entre los acusados llamados a indagatoria se encuentran Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero; Gustavo Vázquez, Elizabeth Palma, Giana Puppo, Cinthia Delgado, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cowper, Carlos Fernández Kostiuk, Nilsa Torres, Leslie Castillo, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello, integrantes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL), quienes administraban comedores populares. También estarían citados, dirigentes piqueteros cercanos al kirchnerismo como el titular de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete.
De acuerdo a la denuncia presentada, estos dirigentes sociales estarían acusados de 924 casos de irregularidades. “Habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’", asegura el comunicado que describe lo revelado en la denuncia.
De los 27 allanamientos realizados, 28 personas implicadas deberán declarar. Los lugares allanados pertenecerían al Polo Obrero. Seis estarían vinculados con el barrio Rivadavia I, del Bajo Flores; cinco con el barrio La Carbonilla; y hay otros en el barrio 1.11.14 y en Ciudadela.
En relación al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), hubo allanamientos en Belén de Escobar y la Villa 21-24. Respecto del movimiento Barrios de Pie, se registraron cuatro procedimientos en la Villa 20 y otros lugares.
Según se pudo establecer, las personas citadas a declarar habrían canalizado los fondos extorsivos a través de cooperativas, desconociéndose el destino final de ese dinero. “Por ello, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de dichas personas y se les requerirá información sobre el patrimonio de cada uno de los implicados”.
El plan social Potenciar Trabajo sería el apuntado como el que recibían estos beneficiarios. Vale aclarar que durante los últimos cuatro años alrededor de 1,3 millones de personas, habrían estado recibiendo este subsidio del ex Ministerio de Desarrollo Social.
Actualmente, con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, se decidió dividir este plan en dos programas diferentes: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo, ambos bajo la estructura del Ministerio de Capital Humano.
Finalmente, se acreditó también que varios de los dirigentes vinculados desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente. “En los distintos allanamientos, se habrían secuestrado millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia”, detalla un informe d ela investigación que se estaría llevando adelante.
LA RESPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES
Las agrupaciones señaladas como extorsionadores de beneficiarios de planes sociales, a través de sus referentes, brindaron en la Plaza del Congreso una conferencia de prensa en la que repudiaron los allanamientos a los líderes de los espacios populares y calificaron a los operativos judiciales como “clandestinos” y que "violaron los derechos de las personas". Además, negaron irregularidades y denunciaron “persecución política” por parte de la administración de Javier Milei. “Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos», aseguraron.
Uno de los primeros en responder fue el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: “Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, expresó.
El secretario general de UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo dijo que “hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”.
Tras los allanamientos que ordenó la justicia, los referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha manifestaron que “se dieron en un contexto irregular, en clara persecución política, ante la presencia de niños y no hubo testigos”.
Por otro lado, Belliboni negó las acusaciones en contra de las organizaciones. “Las amenazas son mentira, solo el Estado puede dar de baja programas sociales. Es el Estado el que le saca los programas sociales y los alimentos a los compañeros. Pettovello miente en todo lo que dice y ella es la que da de baja planes sociales. Tiene el listado de cada persona que recibe los alimentos. Son unos mentirosos, unos ajustadores a los que vamos a combatir en todos los terrenos”.
Si bien en los operativos no hubo detenidos, el referente social dijo que “antes de que terminen los allanamientos ya Patricia Bullrich tenía los resultados. El Gobierno busca instalar una campaña de difamación para mostrar las fotos de las casas humildes de los compañeros reventadas”.
“Queremos no solamente denunciar el atropello y la persecución de estas medidas judiciales, sino también ratificar el sentido de unidad para dar la pelea”, mencionó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario de la CTA Autónoma.
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