El Expreso de Jujuy
Unos 3.500 jóvenes sin cuidados parentales son los que están incorporados al programa nacional que los asiste
Karina sufrió los golpes de su madre desde que nació en una casa humilde de un pequeño pueblo, a varios kilómetros de Jujuy capital. A los 7 años fue cedida a una familia que ella no conocía y su situación no fue mejor. Allí, le robaron su inocencia y su niñez, cuenta. A los 15, sus profesores del colegio secundario se dieron cuenta de que tenía golpes en el cuerpo. Fue cuando la Justicia la ingresó en un hogar, para alejarla de ese horror.
No fue adoptada por otra familia. Al cumplir la mayoría de edad, los 18, como todos los chicos y chicas institucionalizados y sin padres, egresó del sistema de protección del Estado. Pensó que estaba a su suerte y encadenada a ese pueblo donde vivió y que era lo único que conocía ¿A dónde iría? ¿Cómo conseguiría un trabajo? ¿Cómo continuaría sus estudios?
Una trabajadora social le dijo que tenía, por derecho, el beneficio del Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE), creado por la Ley 27.3641 en 2017. La inscribió y Karina pasó de no tener nada a ser titular de una asignación económica (unos 162 mil pesos) que la ayudó a mudarse a la capital provincial, donde alquiló una pieza que decoró como a ella le gustaba y la consideró como su primera propia casa. Comenzó a estudiar enfermería y se graduó como bombera voluntaria.
Pero su historia no termina ahí. “El dueño del departamento me dijo que no me podía esperar. Le di una televisión vieja que tenía como parte de pago, pero no fue suficiente”, se lamenta Karina en una comunicación telefónica con LA NACION. Su nombre es de fantasía, ya que al volver al lugar donde abusaron de ella, teme represalias.
“Yo no sabía a dónde ir. Era esto o la calle. Así que volví con mi mamá, que me dijo que me atenga a las condiciones, que es quedarme encerrada en la casa. Y extraño estudiar y tener mi espacio. No estoy bien”, dice en voz baja, entrecortada, como rota.
En esa misma situación se encuentran miles de jóvenes que fueron parte de los sistemas de guarda del Estado y que desde hace tres meses sufren las demoras en el pago de la asignación económica y no encuentran respuestas desde Nación, que debe disponer de los pagos. Tampoco hay ningún tipo de información oficial desde la entidad reguladora, la anterior Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia, que hoy tiene rango de subsecretaría, depende del Ministerio de Capital Humano y está dirigida por Ana Belén Marmora.
Fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION indicaron que las demoras en los pagos se deben a “una cuestión administrativa” y que “la intención no es discontinuar el PAE”. Pasados cuatro meses desde la asunción de la nueva gestión, aseguran que están “ordenando el desorden”. Mientras, 3.500 jóvenes ven sus vidas suspendidas o quebradas en momentos en los que estaban comenzando su proyecto de vida autónoma, como Karina.
Igualar derechos
En total, hay un universo de 16.000 chicos en el sistema de cuidados del Estado u hogares. Al cumplir la mayoría de edad, las chicas y los chicos que viven en hogares y no pudieron ser adoptados o revincularse con sus familias de origen, porque sufrieron diferentes tipos de violencias y abusos, antes de la ley debían dejar las instituciones con el riesgo de quedar en la calle, sin trabajo, educación ni redes de contención.
Es por eso que se creó la “Ley de egreso” (la Nº 27.364), que es pionera en la región. La iniciativa contempla el PAE, que tiene dos etapas: en la primera, cuando los chicos y chicas cumplen 13, se les designa un tutor o referente. Estos los acompañarán para asesorarlos en lo que es su educación, salud y contención afectiva hasta los 21 años. Esos referentes son capacitados y puestos en una nómina por parte de Nación, pero sus sueldos corren por parte de las provincias.
La segunda etapa comienza cuando los jóvenes cumplen los 18 y egresan. Entonces se hacen titulares, sin intermediarios, de una asignación económica (es el 80% de un salario mínimo vital y móvil) para poder alquilar un lugar, buscar un trabajo, sostener una carrera. La reciben hasta los 21, pero si estudian, tiene derecho de cobrarla hasta los 25 años.
“El Código Civil y Comercial determina que todas las familias tienen responsabilidad alimentaria sobre sus hijos hasta los 21. Entonces, esta ley lo que hace es igualar los derechos de los chicos que tienen familia y de los que no la tienen. Es por eso que es muy grave que se demoren los pagos. Ya han sufrido numerosas vulneraciones y esta es una más si no se regulariza pronto”, dice a LA NACION Dana Borzese, directora ejecutiva de DONCEL, la asociación civil fue la que motorizó la ley por 2017.
Doncel y otras organizaciones están comprendidas en la ley para velar por que la norma se cumpla y gracias a su articulación con los chicos que egresan, motorizan posibles mejoras en la normativa. Esas organizaciones, no perciben ningún tipo de ayuda del Estado. Borzese coincide en que quizás la reestructuración de la SENAF haya influido en los retrasos, pero “hace tres meses que los pagos se retrasaron y las nóminas de referentes no se actualizan, no se ha capacitado a nuevos tutores y no hay información oficial”.
Fuente: La Nación
