Tres abogadas del foro jujeño, solicitaron al Procurador General de la provincia, la remoción en su cargo del fiscal Walter Rondon.
JUDICIALES05 de marzo de 2024
El Expreso de Jujuy
Las doctoras Silvana Llanez, Alejandra Cejas y Mariana Vargas denunciaron al fiscal por “incumplimiento de deberes a su cargo y mal desempeño de funciones” y además solicitaron sea removido de su cargo.
En la denuncia se alegan varias causales de remoción, como la de “no haberse excusado” en la causa de los twiteros y la arquitecta -que envió un audio a un grupo privado de WhatsApp- donde se “investiga un delito inexistente” siendo que el ex gobernador Morales, supuesta víctima/querellante, fue quien, a pesar de las impugnaciones para su nombramiento por numerosas causas en diversos fueros judiciales, en forma insistente pidió el acuerdo a la Legislatura para lograr el nombramiento de Rondón instituyéndolo como fiscal.
“Resulta imposible que el Fiscal actúe con objetividad habiendo sido nombrado en su cargo público por voluntad de una de las partes del proceso” alegaron en el escrito.
Además sostuvieron que “inventó” una causa penal contra referentes de comunidades originarias por “homicidio culposo” cuando la autopsia de una mujer fallecida en Abra Pampa señala que no se pudieron establecer las causas del deceso y ocultó a las partes prueba incorporada ilegalmente consistente en un informe reservado de inteligencia del ministro del ex gobernador Morales -siendo lo único que liga a acusadas y acusados con los cortes de ruta que habrían ocasionado falsamente el fallecimiento de la pasajera.
También lo acusa de encubrir al autor de un robo o hurto - cuyos chats, número de celular activo y audios de voz tuvo el 22 de diciembre en su poder- para sostener la falsa persecución contra la abogada Mariana Vargas, a quien consideró víctima en una audiencia grabada ( *desistiendo en forma tacita de la acusacion* ), para en menos de 48 horas de formalizar la imputación pretender citar ilegalmente a juicio, sin permitir ejercer su derecho de defensa y notificando en feria judicial sin habilitarse la misma.
“Dicha abogada es perseguida por patrocinar a la Dra. Ríos en la denuncia por violencia de género contra su jefe Lello Sanchez” aclararon.
Por Último consideran que las denunciantes sumaron una cédula en la que el juez Mercau también refiere el *armado de causas* para lograr ser condicionado por Rondón.
La denuncia sostiene que el fiscal Rondón arma causas violando el derecho, inventando delitos, avergonzando al servicio de justicia provincial.
“Solo con la remoción del fiscal Walter Rondón será posible reparar en parte todo el daño ocasionado por el funcionario”.
Otro caso de violencia de género se presentó en vísperas a la Noche Buena, cuando un hombre quien tenía una perimetral fue hasta el domicilio de su ex pareja, en una motocicleta y la intentó apuñalar con un arma blanca.
El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo del fiscal Sebastián Jure, formalizó la investigación penal contra contra el conductor de una camioneta donde se transportaban 52 kilos de cocaína. El sujeto oriundo de la ciudad de Tucumán, transportaba droga, procedente de Orán y con destino a la localidad de Caimancito, iba oculta en un doble fondo de un vehículo.
El organismo Ministerial a desarrollando un trabajo continuo y sostenido, orientado a la prevención y represión del narcotráfico y delitos conexos, con la detención de más de 1.300 personas vinculadas al narcotrafico y el secuestro de gran cantidad de estupefacientes.
En el marco de la investigación del escabroso caso Matías Jurado, los investigadores pusieron especial atención en la identificación de dos perfiles genéticos hallados en la vivienda del principal acusado. Estos perfiles no coinciden con las víctimas conocidas hasta el momento y podrían proporcionar pistas cruciales para esclarecer la situación.
Cuatro médicos fueron imputados en la ciudad de Tartagal, en Salta, por una supuesta mala praxis que derivó en el fallecimiento de un menor de 17 años.
El tribunal consideró que la investigación no alcanzó el grado de certeza necesario para cerrar la etapa de instrucción y ordenó retomar las medidas impulsadas por la querella y el fiscal.
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