Cinco personas -entre ellas, un oficial de la Policía de Río Negro- fueron condenadas en el marco de una investigación realizada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, en la que se logró el secuestro de 123 kilos de cocaína en la localidad de Tres Cruces. En la sentencia también fue dispuesto el decomiso de 2.600 dólares, 250 mil pesos y tres vehículos de alta gama.
JUDICIALES28 de noviembre de 2023
Fernando Burgos
El Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado Federico Santiago Díaz (presidente), Marta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi, condenó a los hermanos Néstor, Mario y Juan Carlos Galián a las penas de 8 años y 3 meses de prisión, 8 años y 9 meses de prisión y 9 años de prisión, respectivamente, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas, en grado de coautores, en el marco de una operación de tráfico de 123 kilos de cocaína desbaratada el 11 de septiembre de 2022.
A esta sentencia, se suman las penas impuestas por los mismos hechos a Juan Quiroga Oropeza y Martina Yaquelina Paiva, a través de sendos acuerdos de juicio abreviados homologados por el juez federal de Garantías de Jujuy, Eduardo Hansen, el 10 de julio pasado.
Quiroga y Paiva, a quienes se les aplicó la misma calificación legal, recibieron penas de 6 años de prisión, dado que tuvieron una participación menor. El primero, como conductor, y la segunda, por haber contribuido a brindar la apariencia de un traslado familiar a la operación de tráfico.
Según lo alegado por el fiscal en el juicio a los hermanos Galián, la organización puso en marcha el transporte de 123 kilos de cocaína, para lo cual utilizó dos camionetas Renault Koleos, una de color blanca y otra gris, que partieron de La Quiaca rumbo a Buenos Aires.
El fiscal señaló que, previamente, Mario Galián, el menor de los tres hermanos y, además, oficial inspector de la Policía de la provincia de Río Negro, se movilizó en una camioneta Renault Duster Oroch, en la que también viajaba una mujer y su hija.
Explicó que el convoy, que circulaba por la ruta nacional 9, no tuvo inconvenientes hasta la localidad jujeña de Tres Cruces, donde personal de la Gendarmería Nacional había dispuesto dos puestos de control, con una distancia aproximada de 6 kilómetros uno de otro.
El representante del MPF añadió que Mario Galián, que iba al mando del coche puntero, no tuvo problemas para sortear ambos puestos. Por detrás, en tanto, lo hicieron las camionetas Renault Koleos, que evadieron el primer control, aunque no pudieron hacer lo mismo con el segundo.
Precisó que, ante la voz de alto de la segunda patrulla, que ya había sido alertada y ocupaba una parte de la calzada para evitar otra fuga, Quiroga Oropeza, quien conducía la camioneta blanca, se detuvo para el control. Lo mismo hizo Néstor Galián, quien guiaba el otro rodado y llevaba como acompañantes a su hermano Juan Carlos y a Paiva.
El fiscal explicó que, ante las respuestas confusas que dieron ambos conductores y el nerviosismo que evidenciaron, el MPF tomó intervención y dispuso, con el control judicial del caso, el traslado de las camionetas a la base operativa de la Gendarmería en la zona, donde se realizó una requisa más profunda. Como resultado de ello, en la camioneta blanca se hallaron 67 kilos de cocaína y en la gris fueron descubiertos otros 56 más de la misma sustancia. La droga estaba oculta en el piso y en el baúl de los vehículos. En consecuencia, las personas involucradas fueron detenidas y se secuestró dinero y varios teléfonos celulares.
Investigación compleja
Desde ese momento, bajo la supervisión del fiscal Zurueta, quien contó con la asistencia de la auxiliar fiscal Julieta Souilhe y de la prosecretaria Trinidad Carreras Jurado, del área de Casos Complejos, se llevó adelante una investigación que incluyó tareas de campo e inteligencia criminal.
En la pesquisa se detectaron comunicaciones en idioma “Quechua”. A partir de su traducción, los investigadores advirtieron los movimientos de la organización, que habían tenido inicio en Buenos Aires, de donde sus integrantes viajaron con ambas camionetas hasta Jujuy para luego cruzar a Bolivia y de allí retornar con la droga cargada.
La fiscalía destacó el informe de distintas cámaras de seguridad, que permitió reconstruir el derrotero de los vehículos, determinar el rol de los acusados y, sumado a informes técnicos de corroboración de identidad, posibilitó acreditar la participación responsable en el hecho de Mario Galián, policía de la provincia de Rio Negro, que fue finalmente detenido en el sur del país luego de que la fiscalía lograra dar con su paradero.
El fiscal destacó el aporte dado por la administración de dos hoteles de La Quiaca, en donde los acusados se hospedaron, y el peritaje sobre los teléfonos secuestrados, entre las numerosas pruebas expuestas en el juicio oral.
Entre otros argumentos, la fiscalía se refirió al preciso relato de los gendarmes respecto a la fuga de las dos camionetas al recibir la voz de alto en el primero de los puestos. Uno de los efectivos recordó haber controlado una camioneta Duster Oroch, unos minutos antes, que iba conducida por Mario Galián, a quien reconoció en la sala de juicios.
Por otra parte, los gendarmes señalaron una serie de imprecisiones en las que incurrieron los ocupantes de las camionetas Renault Koleos en el segundo puesto de control. Explicaron que el chofer de uno de los rodados sostuvo que provenía de La Quiaca, donde había realizado tareas para la municipalidad, e incluso que estuvo alojado en un hotel de la comuna, pero no supo indicar cómo se llamaba el intendente.
El otro conductor, en tanto, aseguró también que provenía de la misma ciudad jujeña, donde dijo que había participado de actividades vinculadas a la fiesta de los estudiantes, cuando es conocido que esa festividad se lleva a cabo en San Salvador en otra fecha.
A partir del impacto de los teléfonos celulares en las antenas de la región, la fiscalía trazó el recorrido y reconstruyó la participación y los roles que tuvieron los hermanos en el transporte.
Para el fiscal, estuvo claro que “no es la primera vez que la organización traslada estupefacientes en estas circunstancias”. Tuvo en cuenta el testimonio de una contadora de la Dirección General de Aduanas, que realizó un análisis del movimiento económico de los acusados.
Movimiento económico
La funcionaria explicó en el juicio que Mario Galián era titular de dos vehículos marca Duster Oroch, pero que sus ingresos eran menores al valor de uno de los rodados. En cuanto a Juan Carlos, dijo que registraba numerosos domicilios, que tenía 17 cuentas bancarias y que registró a su nombre una de las camionetas Renault Koleos secuestrada. Concluyó que el valor fiscal de ese vehículo superaba ampliamente sus ingresos durante el año 2022.
Con respecto a Néstor Leopoldo, la testigo mencionó que poseía distintos domicilios y registraba 12 cuentas bancarias, dos vehículos de su propiedad, uno de ellos un Volkswagen Gol y el segundo una Duster Oroch, situación que resultaba llamativa debido a que las adquisiciones no se condecían con los ingresos lícitos de los tres acusados.
Por su parte, el fiscal destacó que, salvo el Gol, todos los demás son vehículos iguales o similares a los usados para el transporte de la droga. Añadió que eso tiene una razón: son vehículos que, conforme explicaron los gendarmes, por la forma de fabricación y la disposición de sus chasis, facilitan el ocultamiento o acondicionamiento de los “ladrillos” de droga.
En función de estos elementos probatorios, entre otros, la fiscalía ratificó la responsabilidad penal de los tres hermanos, cuya defensa desplegó como estrategia principal el cuestionamiento del procedimiento a través del planteo de dos recursos de nulidad.
En el primero, alegó una supuesta afectación al derecho de defensa, en razón de que se limitó el interrogatorio de los testigos, a la vez que cuestionó la detención y requisa de sus defendidos.
En ambos casos, la fiscalía rebatió los argumentos a partir de lo vertido por los mismos testigos, además de señalar la abundante prueba, la jurisprudencia y el análisis jurídico sobre los puntos cuestionados. Los fundamentos fueron acompañados por el tribunal, que resolvió rechazar ambos recursos.
Los jueces coincidieron con el pedido de culpabilidad, lo cual habilitó el juicio para la determinación de las penas. En esta instancia el tribunal también fue favorable a la fiscalía respecto a las penas requeridas y al decomiso de 2.600 dólares, 250 mil pesos y de tres vehículos de alta gama.
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