La Comisión Nacional sobre Violencia Institucional en Jujuy regresará a la provincia "la próxima semana" para seguir con la "recopilación de datos y ratificar testimonios" de víctimas de esos episodios en el contexto de la la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, se informó oficialmente.
JUJUY25 de octubre de 2023
Fernando Burgos
Dicha entidad, que funciona en el ámbito de la secretaría de Derechos Humanos, entregará "en tiempo y forma" el informe respectivo al Ejecutivo, a la Corte Suprema y al Congreso, para determinar si en Jujuy se cumplen o no las recomendaciones establecidas por las obligaciones asumidas por el Estado argentino en los tratados internacionales de derechos humanos.
"La idea es recopilar los datos existentes, armar los testimonios que ya se tomaron para ser ratificados e ir a relevar otros nuevos", adelantó la abogada Mariana Katz, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
A la par del trabajo realizado en Jujuy, la Comisión recibió denuncias del Tercer Malón de la Paz que realiza una permanencia en Buenos Aires desde el 1 de agosto pasado para exigir la anulación de la reforma de la Constitución provincial de Jujuy, aprobada y jurada el 20 de junio pasado, por considerarla "inconsulta" y porque "cercena derechos constitucionales".
"Es necesario entregar el informe a las autoridades nacionales", afirmó Katz en declaraciones a Radio 2 Jujuy, y añadió que más allá de "cuestiones administrativas" que provocaron "algunas demoras", sostuvo que hay un "trabajo comprometido".
Asimismo, dicho informe será elevado "a las autoridades de la provincia, a los organismos internacionales y a los abogados de las distintas víctimas para que hagan lo que en derecho corresponde".
El propósito también es que quienes solicitaron la creación de esta comisión, los participantes del Tercer Malón de Paz, puedan acceder a este informe "para lo que ellos consideren y puedan difundir a que conclusiones se arribó desde los expertos independientes convocados por el estado nacional".
La "Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy", tiene por objetivo receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional.
La Comisión deberá recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Acnudh (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), relativas a la actuación de la policía jujeña durante las protestas protagonizadas por organizaciones sociales y sindicales junto a comunidades de pueblos originarios.
En Jujuy, médicos, psicólogos y representantes sindicales de hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte denunciaron la crisis en la salud pública y convocaron a la movilización de este martes frente al Congreso. Alertaron por renuncias masivas, precarización laboral y el vaciamiento de la salud mental.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
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Autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y representantes del CONICET denuncian un desfinanciamiento que paraliza la investigación, incluso en áreas estratégicas como el litio, y provoca una alarmante fuga de profesionales. Advierten que el presupuesto anunciado solo mantiene los valores de 2023 y no contempla la inflación ni la recuperación salarial.
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El dirigente radical Mario Pizarro acusó al gobierno nacional de no transferir a la provincia lo que le corresponde y propuso una convocatoria amplia a todos los actores para buscar un consenso nacional ante el discurso del presidente Milei.
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