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Tsingshan anunció la pronta puesta en marcha de su planta en Perico y proyecta ampliar su capacidad productiva.
La acción judicial que busca suspender los trámites contravencionales al conjunto de personas sancionadas en la protesta y represión del 20 de junio pasado en Jujuy, seguía hoy su curso tras notificarse del traslado de la medida cautelar a la Fiscalía de Estado por el término de cinco días, informó la Multisectorial contra la Reforma Constitucional.
JUJUY16 de agosto de 2023
Fernando Burgos
"Esperamos que el Superior Tribunal de Justicia después de correr vista al Estado provincial resuelva suspender esto. Hubo elecciones donde todo lo que ha hecho el Gobierno quedó deslegitimado", indicó la abogada Mariana Vargas, quien lleva adelante el patrocinio de varios de los manifestantes.
La acción de inconstitucionalidad del Código Contravencional vigente fue presentada ante el máximo tribunal jujeño hace una semana por la Multisectorial contra la Reforma, al considerar que es utilizado por el gobernador Gerardo Morales para "perseguir e intimidar" a quienes se manifiestan en rechazo a las modificaciones realizadas en la Constitución local.
"El Poder Judicial tiene que replantearse sobre qué es lo que va a hacer en esta situación para volver a la institucionalidad, ahora la institucionalidad no es el Estado policíaco ocupando las rutas en Purmamarca", afirmó Vargas en relación al violento desalojo que sufrieron ayer en esa localidad las comunidades originarias que protestan contra la reforma desde hace casi dos meses.
Asimismo expresó que "buscamos que se declare inconstitucional el Código Contravencional o en su defecto los artículos que atentan contra la protesta social y que prácticamente la prohíben" y señaló que "hay muchas personas con trámites contravencionales especialmente desde el 20 de junio".
Sobre la medida cautelar incluida en el mismo escrito que se presentó, apuntó a que "se suspendan todos estos trámites contravencionales iniciados, sin excepción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo".
"Intentamos que sea una acción colectiva y que incluya a toda la población", agregó la abogada y acotó: "este tema es político y hace a la lucha popular por derechos".

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