Seis implicados, todos miembros de una familia residente en la localidad de La Intermedia, fueron detenidos y se secuestraron poco más de 32 kilos de cocaína, dos vehículos y más de medio millón de pesos.
JUDICIALES09 de marzo de 2023
El Expreso de Jujuy
La organización que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, fue desarticulada a través de un gran despliegue de la Policía de Salta en Jujuy en el marco de una investigación de alta complejidad, llevada adelante por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos.
El juez federal de Garantías Julio Bavio hizo lugar ayer a la imputación penal requerida contra los detenidos el domingo pasado en La Quiaca y en barrio Alto Comedero.
Se trata de José Tolaba, su concubina, Axel un hijo de ambos y la pareja de éste a quienes se les imputó el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en concurso real con el de almacenamiento.
A estos, se suman Miltón Condori y Rafael Acho, también por el delito principal, en concurso real con el del atentado a la autoridad, pues al momento de recibir la voz de alto de la policía, al ser sorprendidos en una operación de tráfico, intentaron embestir sin éxito a los efectivos.
Al presentar el caso, acompañado por el auxiliar fiscal Fancundo Mirabella y la prosecretaria Elena Barutti, el representante del Ministerio Público Fiscal relató de manera pormenorizada el desarrollo de la investigación, la cual se inició en junio del año pasado.
Sostuvo que este caso se desprendió de otro, en el cual se investiga a una banda que utiliza a distintos transportistas, a modo de células que eran incorporadas de manera discrecional, siendo la capacidad de ingreso de la droga desde Bolivia, lo que definía su contratación.
Este servicio, casualmente, fue ofrecido por José Tolaba, quien habían montado junto a su mujer, una organización a nivel familiar dedicada al ingreso de droga desde la localidad boliviana de Villazón, lo que se hacía en bicicleta a través de pasos no habilitados en la localidad de La Quiaca.
Para ello, Tolaba contaba con la complicidad de Condori, quien desde Villazón se encargada de acopiar la droga para su paso hacia este país, para luego seguir con el transporte de la droga a Salta y, desde allí, a Buenos Aires. Con las ganancias de estas operaciones de tráfico del tóxico, y para ocular su verdadera actividad, Tolaba adquiría ganado de llamas.
El accionar de esta organización, según la fiscalía, pudo ser determinado gracias a la labor llevada adelante por personal de División Investigaciones Complejas Contra La Narcocriminalidad, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta.
Explicó que, a partir de tareas de campo e intervenciones telefónicas, se logró identificar a los integrantes del clan familiar y la modalidad de narcotráfico, la que se intensificó en los primeros días de marzo debido a que Condori, informó a Tolaba que ya tenía listas las “camisetas” y que debían ir a buscarla a Villazón, tarea que le fue asignada a Axel, quien operaba junto a Galán, quién hacía de “campana” respecto a la presencia de fuerzas de seguridad en la zona.
En este punto, el fiscal explicó que, entre otros términos usados para ocultar la mercadería en tránsito, los acusados se referían a los paquetes de cocaína como “camisetas”, o bien, como “llamitas”. Además, tenían otros mecanismos de seguridad, entre ellos el cambio de vehículos o de teléfonos.
Escenario de los hechos
Para garantizar el éxito de las pesquisas, el Área de Casos Complejos, ordenó al equipo de investigación policial que se instale en el escenario de los hechos, con lo cual se permitió comprobar la modalidad de paso de la droga desde Bolivia, lo que se hacía en bicicleta, en este caso por el propio Axel Tolaba.
Incluso, se pudo establecer que tras el paso por la frontera y a modo de posta, los acusados se reunían en una vivienda en La Quiaca, donde el hijo del jefe de la organización, pasaba la carga a un vehículo Ford Eco Sport, en el que solía movilizarse.
También, y en este caso, las escuchas telefónicas revelaron que Axel intervino con su padre para sumar unas diez “camisetas” a la carga ya pactada, lo que fue autorizado por Tolaba, quien se encargó luego de coordinar el traslado a otra vivienda en la localidad de Alto Comedero, donde el comprador de la droga iba a retirarla.
En vista de ello, según lo detallado por la fiscalía ante el juez, es que se dispuso un gran despliegue policial de incógnito, en dicho domicilio, donde se registró mediante fotografías y filmación, como Axel Tolaba supervisaba la entrega de la carga a Acho, quien llegó en una camioneta VW Amarok, la cual era conducida por Condori.
En plena transacción, en la calle, frente a la vivienda de los Tolaba, los policías entraron en acción y le dieron la voz de alto. Sorprendidos, y lejos de acatar la orden, los acusados maniobraron la camioneta directamente para embestir a los efectivos.
En ese momento, de alta tensión, los investigadores se mantuvieron firme cerrándoles el paso, circunstancias en que los imputados aceleraron el rodado, lo que llevó al oficial a cargo del operativo a disparar al radiador del rodado.
Esto, sin embargo, no amilanó a los imputados, pues de inmediato intentaron emprender la fuga por la retaguardia, pero al hacer marcha atrás, se dieron con otro móvil policial que les había cerrado el paso, por lo que cesaron en su intento de fuga.
Reducido, y con testigos civiles, se encontró dentro de la camioneta, en el asiento trasero una caja con diez paquetes de droga, mientras que dentro de en la casa, allanada luego por orden judicial, había otros envoltorios más, los que totalizaron poco más de 32 kilos de cocaína.
Posteriormente, se allanó la finca en la que residían Tolaba y su mujer, en la localidad jujeña conocida como La Intermedia, donde se secuestraron varios teléfonos, dinero y fue detenida la pareja que dirigía el clan familiar. Agregó que, como resultado de todas las diligencias, se secuestró una suma total de 526 mil pesos.
Prisión preventiva
Al momento de referirse a los elementos de pruebas, el fiscal destacó la profesionalidad de los investigadores de la policía, quienes lograron registrar cada movimiento de la organización, a través de fotografías y filmaciones; a lo que se sumaron la recopilación de numerosos diálogos mantenidos por los acusados, evidencias consideradas de gran valor probatorio.
En vista de ello, solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, aunque respecto a la pareja de Axel Tolaba, el fiscal decidió aplicar una mirada de género y solicitó que, en su caso, la medida se aplique bajo la modalidad de arresto. Por otra parte, requirió autorización para avanzar con otras diligencias investigativas, entre ellas pericias químicas y técnicas a los teléfonos secuestrados.
De los planteos defensivos, en tanto, se destacó el pedido realizado para que la mujer de Tolaba también sea beneficiada con el arresto domiciliario, lo que fue negado por el fiscal, quien consideró que la acusada tuvo un rol preponderante en la organización.
La defensa intentó atenuar tal circunstancia, pero la estrategia perdió peso al momento en que la fiscalía difundió un audio en el que Tolaba le informaba a su mujer que “había sucedido lo peor”, en alusión a la detención de su hijo y el resto del clan familiar.
En dicho diálogo, la mujer le recriminó claramente a su pareja no haber seguido sus instrucciones de despojarse de los teléfonos una vez utilizado. “yo les dije…, pero ustedes no me hacen caso”, fue el lamento de la acusada a su pareja, quien, en contrapartida, le pedía que no era el momento de “reproches”.
De manera complementaria, señaló que el riesgo de fuga y entorpecimiento es bastante latente, pues no se descarta la participación de otros implicados, a la vez que resaltó la naturaleza y gravedad del hecho, para finalmente recordar que la escala penal de los delitos imputados impiden que se arribe a una condena de ejecución condicional.
Dicho esto, y dado los contundentes argumentos expuestos, el juez declaró la legalidad de las detenciones, dio por formalizada la acusación penal, como así también hizo lugar a la prisión preventiva bajo la modalidad requerida por la fiscalía.
L.F.M. fue condenado a la pena de diez años de prisión efectiva por ser considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en concurso real”, ilícito perpetrado contra un menor de edad en el barrio Alto Comedero.
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