Fernando Burgos
Además brindó un informe sobre el acompañamiento que viene realizando luego de las denuncias presentadas en el organismo al que representa, por parte de las autoridades comunitarias.
“El racismo se deja entrever en estas actitudes donde se silencia a una comunidad originaria, acallando sus derechos y maquillando como necesidad, aquello que sus pobladores no han pedido”, dijo Soriano en un comunicado público al referirse a la resistencia de la comunidad a perder espacios que el gobierno pretende hacer uso con decisiones inconsultas y autoritarias.
En ese sentido, denunció que “funcionarios, policías y miembros de la justicia; han tenido un trato autoritario, despectivo y discriminante en las acciones que llevan a cabo desde hace dos meses en la zona”.
“Desde hace varias semanas venimos acompañando e interviniendo en diferentes hechos de ataques discriminatorios y racistas que ocurren en la provincia”, expresó Soriano y agregó: “vemos con gran preocupación la ofensiva discriminatoria y racista que está sufriendo la comunidad de Caspalá, con la gravedad que esta violencia proviene de instituciones municipales y provinciales”.
Luego de una serie de acciones llevadas a cabo por el gobierno y justicia provinciales, Soriano manifestó: “este ataque se materializa con una comunidad sin estado de derecho, sin respeto a las legislaciones vigentes, donde se han vulnerado los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional que protege a los pueblos originarios”.
Soriano se mostró preocupado por el estado de vulnerabilidad de niñas, niños y mujeres caspaleños ante la violencia ejercida por el estado: “son también víctimas directas de los sucesos y que corren el riesgo, entre otros efectos, de perder su hogar. Como así también, las mujeres de la comunidad están siendo hostigadas laboral, económica y socialmente; constituyendo una sistemática agresión por cuestiones de género”.
El delegado del INaDi Jujuy se hizo presente en los últimos días en la localidad de Caspalá para interiorizarse de la situación y opinó: “se han omitido pasos fundamentales en toda intervención en territorios indígenas, tales como la consulta popular y el impacto socio ambiental de cualquier obra que planee realizarse en el lugar”.
Por último, Soriano instó al gobierno provincial a que se ajuste a las legislaciones nacionales e internacionales vigentes: “acompañamos y alzamos la voz junto a la comunidad caspaleña para que se respeten sus derechos constitucionales y ancestrales, que se frene todo atropello y se realicen todos los procedimientos de escucha y consenso sobre las necesidades del propio pueblo de Caspalá”.
