Los partidos que integran Juntos por el Cambio enviaron una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos acerca de la presentación que hizo el Gobierno nacional en la 42° Sesión del Examen Periódico Universal (EPU) donde desmienten que la dirigente social Milagro Sala, sea una presa política.
POLITICA 27/01/2023
El Expreso de Jujuy
Según expresaron en un documento que se hizo público, destacaron que "ante estas insólitas críticas a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición democrática, a los medios, a la existencia de una supuesta “lawfare”, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una “detención arbitraria” de la condenada señora Milagro Sala.
Recalcaron que "este informe y declaraciones efectuadas por el Secretario de Derechos Humanos de nuestro país, Horacio Pietragalla, tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia frente, no sólo con la condena a la actual Vicepresidente de Argentina, Cristina Ferrnandez de Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes".
"En ese sentido, quisiéramos expresar que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la justicia para lograr su impunidad".
Por otra parte, repudiaron "que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual oposición,cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales".
"Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta “lawfare” utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administracion de gobierno".
Según JxC "el fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción".
Asimismo, frente la supuesta condena al discurso de odio, pretende silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libre expresión para evitar que estos hechos de corrupción tomen estado público, acusando a periodistas de difundir noticias falsas que sólo reproducen la realidad. Por otra parte, denostan con una dura retórica a los que ellos denominan “grupos económicos concentrados” cuando las medidas económicas del gobierno hacen cada día más difícil lograr el progreso y desarrollo de las empresas argentinas".
Sobre la presentación del Secretario Pietragalla, donde se hace mención a que “ el Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recalcaron que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 15 de diciembre, dejó firme su condena de 13 años por una probada asociación ilícita y defraudación al Estado por más de 60 millones de dólares. Ello, sin perjuicio de otras causas judiciales por otros delitos que continúan en su debido proceso".
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