El Gobierno nacional oficializó hoy la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por el plazo de un año, período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete.
NACIONALES05 de febrero de 2024
El Expreso de Jujuy
Así se establece en el decreto 117/2024 que fue publicado en el Boletín Oficial.
Así, el abogado Diego Martín Chaher fue designado interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.
Asimismo, la norma consigna el nombramiento de Sebastián Marías como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.
En el ejercicio de sus cargos, "el interventor y el interventor adjunto tendrán, en forma conjunta, las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente", según se sostiene en el articulado de la norma.
Los interventores deberán "elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo".
Además deberán "evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y aprobar uno nuevo", así como propiciar cambios "en el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias o aprobar uno nuevo".
Además, podrán modificar "el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y cambiar "la denominación de los organismos, previa conformidad del Ejecutivo.
Las nuevas autoridades de los medios públicos también estarán en condiciones de "modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva", según se establece en el articulado de la norma.
Además podrán "revisar la administración de compras y contrataciones" y "disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos".
Deberán "presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas y designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas".
El decreto determina que tanto el interventor como el interventor adjunto puedan "vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios".
En caso de detectarse alguna anomalía, "deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar".
En el articulado se fija que "el interventor tendrá en forma exclusiva facultades de representación de las sociedades", y que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto".
Asimismo, se faculta a la Jefatura de Gabinete o al organismo que esta dependencia de Gobierno determine "a dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación del presente".
En los fundamentos de esta normativa, se recuerda que esta decisión está en línea con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 el diciembre de 2025.
La citada norma "tuvo en consideración que, a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas".
Y que mediante ese DNU se derogó la ley 20.705 y "se dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades", se subraya en los fundamentos.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos.
Los gobernadores y legisladores opositores buscan fijar un cronograma estricto de debate para que la ley salga antes de que finalicen las sesiones ordinarias. Los gobernadores adelantaron que no convalidarán una prórroga del presupuesto por tercer año seguido.
En el medio del conflicto con gobernadores por el veto a la Ley que establecía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobierno nacional transfirió el pasado viernes $ 12.500 millones a cuatro provincias por ese mismo concepto.
Tras el veto a la ley de ATN, el Gobierno evalúa otorgar préstamos para financiar a las provincias. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, señaló que “es posible” avanzar en otro tipo de alternativa para brindar más recursos de ese tipo a los gobernadores. La semana que viene, el Senado tratará la norma que redistribuye nuevos fondos a las provincias.
La inflación del mes de agosto fue del 1,9% y se ubicó por debajo de lo esperado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El presidente Javier Milei encabezó una reunión con Francos, Luis Caputo y Catalán y anunció la creación de la mesa federal que articulará con gobernadores. Tras la abultada derrota bonaerense, Nación anunció la vuelta del Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al frente de la cartera.
Hasta las 18 horas, la totalidad de las meses cerraron la votación y se prevé una participación de un poco más del 50% del electorado. La Libertad Avanza y Fuerza Patria pelean cabeza a cabeza en las ocho secciones electorales y se disputan el reparto de poder de la nueva Legislatura.
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
"Es grave la situación que atraviesan personas con discapacidad a las que sus pensiones fueron suspendidas, muchas no recibieron ningún tipo de notificación y hoy padecen el abandono del Estado nacional evaluó la abogada Alicia Chalabe, quien presentó una acción judicial en el Juzgado Federal N°1, a cargo del Dr Esteban Hansen y en las próximas horas esperan alguna respuesta.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
En Jujuy, médicos, psicólogos y representantes sindicales de hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte denunciaron la crisis en la salud pública y convocaron a la movilización de este martes frente al Congreso. Alertaron por renuncias masivas, precarización laboral y el vaciamiento de la salud mental.