Fernando Burgos
Los activistas se pronunciaron este lunes en contra del “robo descarado” de rollos de árboles como quina, cebil, quebracho, palo blanco, entre otros, los cuales fueron sacados del paraje Maíz Gordo, emplazado en el límite con la provincia de Salta.
Los pobladores aseguraron que “vieron salir del paraje tres camiones repletos de inmensos rollos de madera” por lo que refirieron que “para circular la empresa desmontadora tuvo que romper el candado de entrada al paraje campesino”.
La zona afectada es un paraje habitado por cuatro puestos rurales, “cada puesto incluye entre al menos cuatro familias que son poseedoras de los territorios desde el año 1935, nunca abandonaron la posesión, ni la posesión fue interrumpida”, precisaron los voceros en dialogo con Télam.
En ese marco desde el colectivo campesino recordaron que “no es la primera vez que sufren el robo de madera”, debido a que “ya en las décadas de los 70 y en los 90 sufrieron este tipo de saqueo”, aseveraron.
La denuncia de las familias afectadas recayó contra Daniel Gurrieri, alias “tacho”, por “sustracción de madera en peligro de extinción y de manera ilegal, porque usurpa terrenos privados para lograr su cometido”, completaron.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Ambiental y Delegación Fiscal Nº 4, a cargo de Mariana Subelza, el Comando de Prevención Rural y Ambiental, a cargo del subinspector Miguel Oyarzu y el preventor subcomisario Pablo Montoya.
Los campesinos también declararon que se extendieron las denuncias hace poco más de semana, pero “hasta el momento no hubo ninguna reacción del Gobierno provincial que, está claro, creó la policía rural para perseguir a familias campesinas e indígenas, pero no para cuidar el monte ni los parajes campesinos”.
Más adelante manifestaron que en el campo se pudo “constar al menos 5 kilómetros de picadas dónde por lo menos dos máquinas desmontadoras rodean los troncos para cargarlos”, precisaron.
Los activistas remarcaron el pedido para “intentar frenar los desmontes en el territorio”, por lo que las familias de la zona se organizaron para hacer “guardias”, al tiempo que cambiaron el candado a un portón de acceso y carteles que da cuenta del repudio a los desmontes en el departamento jujeño Santa Bárbara.
Finalmente, las familias analizan continuar con “las denuncias iniciadas en la policía” local y se mantienen en alerta con sus asesores legales para realizar las presentaciones pertinentes en la Justicia ordinaria.
