Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia, tras mantener cinco años el expediente bajo análisis.

El fallo ratifica la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realizara los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el Lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La Cámara le dio un plazo de tres meses a la provincia para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad y operatividad del camino de montaña.

También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente "todas las actuaciones administrativas" correspondientes, con el objetivo de evitar "inconvenientes o amenazas" a quienes quieran ingresar a "un bien de dominio público".

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro "asegura" el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

Aunque en 1994 se creó el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, en 1999 se modificaron los límites del área y se dejó al lago afuera del sector protegido.

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

En abril pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad de Lewis, por considerarla una "pantalla jurídica" para "frenar la aspiración" de cualquier persona a acceder a Lago Escondido.

"Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido", sostuvo el organismo.

La IGJ apoyó también su pedido en que existen "causas judiciales con varias resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y hasta de la Corte Suprema de Justicia de La Nación".

La primera de ellas data del 2005 y, por esa razón, "a más de 17 años sin materializarse el acceso público al Lago Escondido, en virtud de múltiples recursos procesales dilatorios y apelaciones", la IGJ pidió "promover de inmediato la acción judicial tendiente a obtener la declaración de nulidad de la sociedad Hidden Lake Sociedad Anónima".

Este año, el Gobierno de Río Negro y el Poder Judicial de esa provincia recibieron un nuevo petitorio para la apertura del camino de Tacuifí, cuya utilización es restringida por Lewis, quien posee entre 9 mil y 14 mil hectáreas en la Patagonia.

Ese petitorio fue acompañado por una multitudinaria movilización en Viedma, de la que participaron la CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Federación Nacional Territorial (Fenat) de Río Negro e integrantes de pueblos originarios, con el respaldo de miles de firmas en toda la provincia.

El 9 de marzo pasado, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), la abogada Magdalena Odarda, confirmó que se rechazó por "inviable" la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido, planteada por Lewis durante una audiencia de conciliación en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche.

Odarda fue quien en 2005 presentó una demanda contra el británico por supuestas irregularidades en la constitución de la propiedad del magnate en esa región y en reclamo de un libre acceso a Lago Escondido.

En marzo último, los abogados de Lewis propusieron abrir un camino en la zona de "El Manso", a modo de contrapropuesta para cumplir con otra sentencia anterior, de 2009, algo que fue rechazado.

Ya ese año, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia había fijado un plazo de 120 días para cumplir con la "señalización y medidas de seguridad" necesarias, pero luego continuó otro derrotero judicial.

La Cámara se pronunció hoy luego de analizar apelaciones presentadas en la causa, tanto por parte de la provincia de Río Negro, como de Hidden Lake S.A.

El expediente está caratulado como "Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ ejecución de sentencia" y la demanda está orientada a lograr que el Estado provincial implemente lo dispuesto por la Justicia rionegrina hace casi diez años.

En julio pasado, organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y gremios habían reclamado a la Cámara que emitiera una sentencia en el juicio por el libre acceso al Lago Escondido, una resolución que de acuerdo con los plazos procesales debía haberse conocido a principios de junio.

Los firmantes advirtieron que la Cámara de Bariloche debía "decidir sobre los insólitos planteos de (Joseph) Lewis para no acatar la sentencia del año 2013, mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Carlos Marcelo Cuellar determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días".

Además, desde hace años se realiza la llamada Marcha de la Soberanía, que reúne a personas de diversos puntos del país con el objetivo de llegar a Lago Escondido a través de los dos senderos que la Justicia provincial reconoció como públicos para practicar allí deportes náuticos y otras actividades.