El Expreso de Jujuy
Los operarios de Industrias Zapla, la firma anteriormente conocida como Altos Hornos Zapla, se movilizaron en la jornada de hoy hacia la Legislatura provincial y la Secretaría de Trabajo para hacer oír su reclamo.
El conflicto se desencadenó tras varios meses de negociaciones infructuosas. Según explicó el trabajador activo Julio Mamaní, la deuda se remonta a junio de 2024, momento en que los sueldos quedaron congelados en un haber básico de 700.000 pesos. En aquel entonces, los propietarios de la empresa —los hermanos Yoví, empresarios salteños que asumieron la conducción del establecimiento tras la salida del empresario Tasselli— solicitaron al personal que aguardara el reinicio de la producción y la posterior homologación del acta acuerdo paritaria firmada a nivel nacional por la Unión Obrera Metalúrgica.
Pese a que el acuerdo nacional se hizo efectivo en el mes de agosto y derivó en la actualización de las escalas salariales corrientes, la patronal optó por no cancelar los montos retroactivos generados durante los más de dos años de congelamiento. Las acreencias acumuladas varían según la antigüedad de cada operario, alcanzando cifras de entre 6 y 10 millones de pesos por persona.
Frente a la exigencia de regularización, los representantes de la compañía argumentaron falta de disponibilidad de fondos. Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de un plan de pagos en cuotas, en las últimas instancias la gerencia propuso supeditar la cancelación de la deuda al cobro de un bono por producción futura, postura que fue calificada por los empleados como una desconexión y desconociendo indirecto de las obligaciones contraídas.
La indignación de la nómina laboral se profundizó al tomar conocimiento del ingreso a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial a cargo del gobernador Sadir, que prevé otorgar a Industrias Zapla la exención de los impuestos Inmobiliario y de Ingresos Brutos por un plazo de diez años. Para el personal, la concesión de este beneficio tributario resulta un contrasentido frente a la negativa de la empresa de cumplir con sus compromisos laborales.
A la par del reclamo económico, los manifestantes denunciaron un deterioro progresivo de las condiciones operativas y de seguridad en la fábrica. De acuerdo con lo vertido por los trabajadores, las limitaciones en la compra de repuestos provocan paradas constantes de las maquinarias, obligando al personal a desempeñar sus tareas en situaciones de riesgo, como ocurre en el sector de acería, donde se registra el funcionamiento deficiente de un interruptor de alta tensión.
Los trabajadores desestimaron los argumentos empresarios sobre la imposibilidad financiera de afrontar el pago. Señalaron que la planta mantiene un volumen de producción mensual estimado de entre 3.500 y 4.000 toneladas, un nivel de actividad que, según sus estimaciones, generaría los ingresos necesarios para saldar los sueldos de toda la nómina con tan solo la facturación de una jornada de trabajo.
Ante la falta de respuestas en los portones de la fábrica, los manifestantes se hicieron presentes en los sedes oficiales a la espera de ser atendidos por el ministro de Trabajo. Advirtieron que, de no obtener una propuesta formal que establezca plazos concretos para la liquidación efectiva de las sumas adeudadas, profundizarán la protesta y mantendrán la paralización total de la fábrica.
