El Expreso de Jujuy
En el marco de las movilizaciones que llegaron a la capital jujeña, el testimonio de las familias que habitan el territorio profundo de la Puna expone el impacto cotidiano de la actividad minera. Aurora Choque, comunera de Collamboy, alzó la voz para visibilizar la delicada coyuntura hídrica y social que atravesaban las haciendas locales debido al avance de la extracción de litio en sectores como el cerro Collamboy y la zona de Sol de Tarde.
Según relató Choque, el déficit hídrico golpea de manera directa al sustento familiar y al ganado de la zona, una situación que se agrava ante la falta de precipitaciones y la intensificación del uso del recurso hídrico por parte de las empresas extractivas.
"Está faltando el agua y entran sin pedir permiso. En Sol de Tarde ya no tienen agua; hay hermanas que lloran al ver la situación. La necesitamos para nuestra hacienda y para nosotros mismos. Cuando no hay agua, la tierra no tiene verde, los animales no tienen qué comer y no sabemos a dónde los vamos a llevar", manifestó Choque con profunda preocupación.
Engaños territoriales y la sombra de los desalojos
La comunera denunció además la metodología con la que ingresan ciertos emprendimientos o intermediarios a los territorios ancestrales. Aseguró que el acceso a las tierras se realiza de manera paulatina y mediante maniobras que terminan en la firma de documentación sin el debido asesoramiento de los pobladores.
Según su testimonio, durante el trayecto de la marcha desde La Quiaca tomaron conocimiento de gestiones vinculadas a exautoridades y funcionarios que promovieron acuerdos en las comunidades, derivando en la posterior llegada de notificaciones de desalojo para familias de la región.
"Entran despacito, con engaños. Cuando nos damos cuenta, ya están instalados. Nos enteramos de que andaban haciendo firmar papeles y ahora los hermanos están afligidos porque les empiezan a llegar las órdenes de desalojo", advirtió.
Sin personería jurídica
Otro de los puntos centrales del reclamo radica en las trabas institucionales para el reconocimiento formal de la comunidad de Collamboy. Pese a presentar petitorios y notas formales de manera reiterada, la respuesta oficial es el silencio o la negativa a otorgar la personería jurídica. Para la referente, esta retención del documento legal busca deslegitimar a las comunidades organizadas y negar la validez de la Consulta Previa, Libre e Informada garantizada por el Convenio 169 de la OIT.
Choque comparó la falta de reconocimiento oficial con la situación de un habitante al que se le niega el documento de identidad. Explicó que la comunidad existe por historia y por derecho, pero que la falta de ese papel es utilizada por las autoridades para perseguirlos y generar disputas entre los mismos pobladores.
Asimismo, la comunera remarcó que existe una estrategia estatal orientada a dividir y neutralizar el apoyo popular. Denunció que el Gobierno provincial organiza eventos culturales paralelos a último momento en los pueblos por donde transitaba la caminata —como un encuentro de copleros montado de improviso en la Quebrada— con el objetivo explícito de evitar que los vecinos se sumen a las marchas o tomen contacto con los manifestantes.
Un modelo sin beneficios locales
Al ser consultada sobre si las comunidades reciben algún tipo de compensación o mejora por la explotación del litio, Choque fue categórica al señalar que la población local no percibe beneficio alguno. Por el contrario, afrontan un paulatino deterioro de sus condiciones de vida y el avasallamiento de sus derechos constitucionales.
"No tenemos ningún beneficio. Nunca nos piden la consulta previa, libre e informada. Hacen lo que quieren en nuestras tierras sin respetar la Constitución ni los tratados internacionales", concluyó la referente, reafirmando que mantendrán la resistencia en defensa del agua y de sus territorios ancestrales.
