El Expreso de Jujuy
Veintitrés procedimientos por presunto narcomenudeo fueron realizados en Jujuy durante una semana, con operativos en calles, plazas, canchas, domicilios señalados como posibles puntos de venta y establecimientos del Servicio Penitenciario.
El despliegue, realizado entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, permitió secuestrar 164,7 gramos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, cantidad que las autoridades estimaron equivalente a unas 824 dosis.
También fueron incautados 252 gramos de cannabis sativa y 372,36 kilogramos de hojas de coca. A esto se sumaron 11 teléfonos celulares, dos motocicletas, dos balanzas y un arma de fuego.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Narcotráfico, mediante sus distintas brigadas, y de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, en actuaciones vinculadas con presuntas infracciones a la Ley Nacional N.º 23.737.
Operativos en distintos puntos de la provincia
El mayor número de intervenciones se concentró en Libertador, con seis procedimientos, seguido por Alto Comedero, con cinco, y Perico, con cuatro.
También se realizaron operativos en San Pedro, con tres; Capital, con dos; Monterrico, con dos, y Humahuaca, con uno.
Del total informado, 12 procedimientos se realizaron con personal policial uniformado. Otros dos tuvieron lugar en espacios públicos, mientras que tres correspondieron a allanamientos en presuntos puntos de expendio.
Los seis restantes se desarrollaron dentro del ámbito del Servicio Penitenciario, lo que vuelve a poner bajo la lupa la circulación y tenencia de sustancias prohibidas dentro de establecimientos carcelarios.
Una lucha que no termina en los secuestros
La cantidad de procedimientos exhibe un importante despliegue operativo, aunque el secuestro de droga por sí solo no permite medir el alcance real del narcomenudeo en la provincia ni determinar si las investigaciones lograron afectar estructuras de comercialización.
La presencia de cocaína, cannabis, teléfonos, balanzas y un arma entre los elementos secuestrados forma parte de las evidencias que deberán ser analizadas en cada expediente para establecer responsabilidades y determinar el origen y destino de los elementos incautados.
Todas las actuaciones quedaron bajo intervención de las unidades fiscales competentes del Ministerio Público de la Acusación, según las características de cada investigación.
El desafío para las fuerzas de seguridad y la Justicia no se limita, por lo tanto, a acumular procedimientos y secuestros. El resultado de fondo deberá medirse por la capacidad de identificar a los responsables de la comercialización, determinar cómo se abastecen los puntos de venta y evitar que las bocas de expendio vuelvan a operar después de cada operativo.
