El Expreso de Jujuy
La visita vuelve a poner bajo observación a las instituciones provinciales encargadas de la seguridad, la administración penitenciaria y la protección de personas bajo custodia estatal. El organismo recorrerá cárceles, comisarías y otros dispositivos de privación o restricción de la libertad, además de entrevistar en forma confidencial a las personas afectadas.
El comisionado Rodrigo Sola explicó que el relevamiento busca determinar qué cambió desde la primera inspección realizada en 2022 y cuáles de las deficiencias señaladas continúan sin solución.
Uno de los principales puntos será el sistema penitenciario. En la visita anterior, el Comité había advertido sobre sobrepoblación y hacinamiento, una problemática que ahora será contrastada con la puesta en funcionamiento de la nueva unidad penitenciaria de Chalicán.
La inspección no se limitará a comprobar la existencia de nuevas plazas. También se evaluarán las condiciones materiales del establecimiento, los traslados y las posibilidades de contacto entre las personas privadas de libertad y sus familias.
El interrogante de fondo es si la nueva infraestructura realmente permitió descomprimir el sistema o si las deficiencias estructurales simplemente fueron trasladadas a otro punto de la provincia.
Uso de la fuerza, comunidades indígenas y desalojos
Otro capítulo sensible estará relacionado con el uso de la fuerza pública, especialmente en procedimientos que involucraron a comunidades indígenas y en situaciones de protesta o desalojo.
Sola señaló que el Comité analiza tanto casos individuales como posibles prácticas sistemáticas. El objetivo, según explicó, es determinar si existen patrones de violencia institucional que requieran cambios en las políticas públicas.
En este marco, los episodios denunciados durante los últimos años vuelven a quedar bajo revisión. El organismo ya había formulado observaciones en 2023 respecto del accionar estatal frente a comunidades indígenas y ahora actualizará esa información con nuevos testimonios y documentación.
También se encuentra bajo seguimiento el caso de los llamados “tuiteros”, por el cual dos personas denunciaron malos tratos durante su detención. El Comité ya intervino en el expediente y presentó un amicus curiae, por lo que el caso continuará dentro de su agenda de seguimiento.
Entre los aspectos que el organismo considera pendientes aparece además la detención por averiguación de antecedentes, una práctica sobre la que ya se plantearon objeciones y que, según Sola, todavía no tuvo los avances esperados en la provincia.
La cuestión no es menor: cualquier mecanismo que permita restringir la libertad de una persona debe estar sujeto a límites claros y controles efectivos. Por eso, el Comité buscará determinar cómo se aplica esta herramienta y si su utilización respeta los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La revisión alcanzará además a organismos del Poder Ejecutivo, Ministerio Público de la Acusación, Defensa Pública y Poder Judicial.
Preocupación por la nueva ley penal juvenil
La implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil constituye otro de los focos centrales de la inspección.
Sola confirmó que el Comité ya planteó sus preocupaciones ante las autoridades provinciales y que recorrerá los dispositivos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal.
El organismo pretende conocer cuál será el plan concreto de Jujuy para aplicar la nueva normativa y qué recursos, dispositivos y mecanismos de protección se pondrán en funcionamiento.
Desde el Comité recordaron que oportunamente se habían opuesto a la reforma y habían formulado planteos ante el Congreso. Con la ley ya aprobada y en vigencia, ahora anticiparon que realizarán un seguimiento de su implementación.
La provincia informó que trabaja junto a UNICEF en el diseño de los mecanismos necesarios, pero el Comité espera acceder a ese plan para evaluar sus alcances.
La recorrida concluirá esta semana, pero el proceso continuará durante varios meses. El organismo seguirá recibiendo documentación de autoridades, familiares, abogados y personas privadas de libertad antes de elaborar sus conclusiones.
El informe integral podría demandar entre cinco y seis meses. Sin embargo, Sola aclaró que las situaciones consideradas urgentes no deberán esperar ese documento: si durante las inspecciones se detectan hechos graves, el Comité puede intervenir de manera inmediata.
Ese mecanismo representa uno de los aspectos más relevantes de la visita. Las conclusiones no serán solamente una fotografía del sistema penitenciario, sino una evaluación de las respuestas que el Estado jujeño dio —o dejó de dar— frente a observaciones realizadas desde 2022.
La provincia deberá entonces explicar si las reformas anunciadas produjeron cambios reales o si persisten prácticas que ya habían sido cuestionadas cuatro años atrás.
Mientras tanto, el Comité continuará ingresando a unidades penitenciarias y comisarías, sin presencia de las fuerzas de seguridad durante las entrevistas con detenidos. El objetivo es obtener testimonios directos y confidenciales, lejos de cualquier posible condicionamiento.
La nueva inspección coloca nuevamente a Jujuy frente a un examen incómodo: no alcanza con construir cárceles, modificar leyes o anunciar políticas si las personas bajo custodia estatal continúan denunciando abusos, malos tratos o vulneraciones de derechos.
