El Expreso de Jujuy
La controversia que atraviesa al sistema educativo jujeño sumó ahora un nuevo capítulo. Dos piezas gráficas difundidas en redes sociales colocaron bajo cuestionamiento a Silvia Jerez, directora de Educación Secundaria, y María Elena Tejerina, vocal de la Junta Provincial de Calificación Docente, y plantearon interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia dentro de la cartera educativa.
El planteo adquiere mayor relevancia por el contexto en el que se produce: el Ministerio de Educación impulsó actuaciones sumariales sobre alrededor de 1.900 docentes del nivel secundario, a partir de denuncias vinculadas con documentación presuntamente irregular presentada ante la Junta de Calificación Docente.
La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por Jerez. El texto oficial establece que la investigación busca determinar la existencia de documentación apócrifa, adulterada o carente de autenticidad y, eventualmente, las responsabilidades administrativas correspondientes. Al mismo tiempo, la resolución aclara que la apertura de los sumarios no implica prejuzgamiento y que los docentes tienen derecho a defensa y al debido proceso. (Boletín Oficial Jujuy)
El interrogante que plantean las publicaciones
Los gráficos que comenzaron a circular en redes no presentan pruebas de una irregularidad cometida por las dos funcionarias. Lo que hacen es formular preguntas que, por la función que desempeñan dentro de Educación, reclaman una respuesta institucional.
En el caso de Silvia Jerez, el cuestionamiento se concentra en el listado de los aproximadamente 1.900 docentes alcanzados por las actuaciones sumariales y en la utilización de un supuesto asterisco junto a determinados nombres.
La designación de Jerez como directora de Educación Secundaria está formalizada por el Decreto Nº 5031-E/2026, que estableció su incorporación al cargo desde el 5 de enero de este año. (Boletín Oficial Jujuy)
Por eso, uno de los puntos que debería quedar despejado es sencillo pero central: qué personas figuraron efectivamente en el listado, qué significaban las referencias o asteriscos utilizados y qué procedimiento se aplicó en cada caso.
Tejerina y la independencia de la Junta
El segundo gráfico apunta a María Elena Tejerina, vocal de la Sala Secundaria de la Junta Provincial de Calificación Docente.
Su llegada al cargo no es reciente. En diciembre de 2022 se informó que Tejerina había ganado la elección de vocales de la Sala Secundaria con la Lista Morena, que obtuvo 875 votos. El proceso electoral tuvo además participación de distintas agrupaciones gremiales y docentes.
Precisamente por las funciones que cumple la Junta, la discusión sobre su independencia no es menor. Ese organismo interviene en cuestiones sensibles para la carrera docente, como la valoración de antecedentes y el puntaje, aspectos que pueden determinar posibilidades de acceso a cargos, traslados y reubicaciones.
El interrogante planteado en redes apunta entonces a una cuestión institucional: cómo se garantiza que quienes deben controlar y proteger la carrera docente puedan ejercer sus funciones con independencia de las autoridades políticas del Ministerio.
El problema de fondo: la misma vara para todos
La discusión no debería reducirse a determinar si las acusaciones que circulan en redes son verdaderas o falsas. Hasta el momento, los gráficos constituyen cuestionamientos y pedidos de explicaciones, no pruebas de responsabilidad administrativa o penal contra las funcionarias señaladas.
Pero tampoco resulta suficiente descalificar las preguntas sin responderlas.
Si el Ministerio de Educación sostiene que corresponde investigar a docentes por la presunta utilización de documentación irregular, el mismo principio de transparencia debería alcanzar a quienes ocupan cargos de responsabilidad dentro de la estructura educativa.
La exigencia de transparencia no supone culpabilidad. Y una investigación no supone condena.
Precisamente por eso, el camino institucional debería ser la publicación de los antecedentes, las normas aplicadas, los criterios utilizados y las actuaciones administrativas correspondientes.
En agosto, además, el gremio CEDEMS ya había cuestionado públicamente la difusión de los datos de los aproximadamente 1.900 docentes y reclamado explicaciones ante la Legislatura. (El Expreso de Jujuy)
En este escenario, el Ministerio enfrenta una situación incómoda: no alcanza con investigar hacia abajo si existen dudas sobre los mecanismos de control hacia arriba.
La cuestión central, finalmente, no es defender a funcionarios ni a docentes de manera automática. Es garantizar que la misma vara administrativa se aplique a todos.
Porque si existen irregularidades, deben investigarse. Si no existen, deben aclararse. Y si existen dudas sobre funcionarios que participan de los procesos de evaluación, calificación o sanción, también corresponde despejarlas con documentos y procedimientos verificables.
En un sistema educativo atravesado por reclamos de transparencia, las respuestas oficiales deberían ser tan públicas como las acusaciones que dieron origen a esta nueva controversia.
