El Expreso de Jujuy
Un nuevo conflicto por la tierra sacude a la Quebrada de Humahuaca. Cuatro familias de la comunidad de Juella enfrentan una orden de desalojo que, según anticipó el licenciado en Antropología Gustavo Ontiveros, podría concretarse el viernes 28.
Las familias viven desde hace décadas en el lugar y, de acuerdo con el análisis del antropólogo, algunas de ellas dependen directamente de la producción y venta de verduras, además de la cría de animales, para sostenerse económicamente.
Ontiveros cuestionó el desarrollo del proceso judicial y aseguró que las familias no tuvieron una instancia efectiva para ejercer su defensa. También sostuvo que el conflicto vuelve a poner en discusión la situación de las comunidades y familias indígenas frente a los reclamos por la propiedad y posesión de las tierras en la Quebrada.
Según relató, en el predio habitan distintas generaciones de las mismas familias desde hace más de medio siglo. Sin embargo, ahora enfrentan un proceso que podría terminar con su salida del lugar.
Para el antropólogo, detrás de este tipo de conflictos existen intereses económicos vinculados a distintos sectores. “Hay un interés económico, intereses muy grandes”, sostuvo, y mencionó entre ellos la explotación de recursos naturales, el turismo y los negocios inmobiliarios. También planteó que existen factores políticos e ideológicos que, según su interpretación, terminan afectando a las comunidades indígenas de la región.
Ontiveros afirmó que situaciones similares se repiten en distintos puntos de Jujuy y cuestionó lo que considera una falta de aplicación de los derechos indígenas en los procesos judiciales.
El caso de Juella, además, tiene una consecuencia directa sobre la vida cotidiana de las familias. Una de las mujeres afectadas, según explicó, vive de las verduras que produce en la tierra donde reside. “Solamente vive de la venta de sus verduras que cosecha, que planta, siembra y cosecha en su lugar donde vive”, expresó.
También señaló que la familia cría ovejas, cabras y gallinas y que esa actividad constituye su principal medio de subsistencia. “Vive de eso, no le pide nada al Estado”, remarcó Ontiveros, al cuestionar que una eventual ejecución del desalojo pueda dejarla sin su vivienda y sin el espacio donde desarrolla su actividad productiva.
Frente al procedimiento previsto para el viernes 28, el antropólogo aseguró que las familias permanecerán en el lugar y resistirán el desalojo. “Obviamente las familias van a resistir, van a estar ahí”, afirmó, aunque manifestó su deseo de que la situación no derive en hechos de violencia.
El conflicto vuelve así a poner en el centro de la escena la disputa por la tierra en la Quebrada de Humahuaca, una región donde las comunidades y familias indígenas reclaman desde hace años mayor reconocimiento de sus derechos sobre los territorios que habitan.
