El Expreso de Jujuy
Mientras el Gobierno de Jujuy continúa atribuyendo los aumentos en las facturas de energía eléctrica a la quita de subsidios nacionales, nuevos cuestionamientos ponen en evidencia que una parte sustancial del costo que afrontan los usuarios tiene origen en decisiones adoptadas dentro de la propia provincia.
La abogada especializada en defensa del consumidor, Alicia Chalabe, desmintió la versión oficial y aseguró que cerca del 45% de la factura de energía corresponde a tasas, impuestos y cargos adicionales autorizados por organismos provinciales. Según explicó, la estructura tarifaria vigente incorpora conceptos que incrementan significativamente el monto final que pagan miles de familias jujeñas.
Entre los principales recargos figuran el Fondo Provincial de Energía de Jujuy (FOPEJ), que representa un 23% del cargo por uso de red; la Percepción Contributiva Única, equivalente al 6%; el cobro por Alumbrado Público (4%); Ingresos Brutos (3%); la Tasa de Fiscalización de la SUSEPU (1,5%) y otros cargos fijos vinculados al uso de la red eléctrica.
La situación adquiere una dimensión aún más polémica por las denuncias que sostienen que los usuarios terminan financiando indirectamente consumos eléctricos de espacios públicos utilizados para eventos masivos organizados por el propio Estado provincial, como ocurre en Ciudad Cultural.
La Provincia frenó la quita de tasas
Uno de los aspectos más controvertidos revelados por Chalabe es que la Secretaría de Energía de Jujuy habría intervenido judicialmente para impedir que los usuarios se beneficiaran con una resolución nacional destinada a reducir el peso de las tasas municipales en las boletas.
Según detalló, la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación había dispuesto la eliminación de esos cargos adicionales para aliviar el impacto económico sobre los hogares. Sin embargo, el secretario de Energía provincial, Mario Pizarro, presentó una acción judicial para suspender la aplicación de esa medida en Jujuy.
La consecuencia directa es que los jujeños continúan pagando conceptos que en otras jurisdicciones fueron eliminados o reducidos.
"El servicio de energía eléctrica es un servicio provincial. La empresa fue privatizada por la provincia y la regulación depende de organismos provinciales. Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron la misma quita de subsidios nacionales, pero Jujuy sigue teniendo una de las tarifas más elevadas del país", sostuvo Chalabe.
Herramientas que el Gobierno no utiliza
La especialista afirmó además que la Provincia cuenta con instrumentos legales para intervenir de manera inmediata en favor de los usuarios, pero hasta el momento no los ha utilizado.
Entre las medidas posibles mencionó la suspensión de cortes por falta de pago mediante una ley de emergencia, el retiro del amparo presentado por la Secretaría de Energía para permitir la eliminación de tasas municipales y la reducción o eliminación de cargos fijos autorizados por la SUSEPU.
La crítica apunta a que, mientras miles de familias enfrentan dificultades para afrontar las facturas, el Gobierno provincial mantiene intacta una estructura tarifaria que multiplica el costo final del servicio.
La lupa sobre JEMSE y la promesa incumplida de Cauchari
Las críticas también alcanzan al modelo energético impulsado por la Provincia a través de JEMSE.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Federico Canedi, sostuvo que existe una contradicción entre la promesa original del Parque Solar Cauchari y los resultados que actualmente observan los usuarios.
Según indicó, JEMSE estaría comercializando energía renovable a valores superiores a los del mercado mayorista, situación que terminaría impactando en las facturas.
"Nosotros entendemos que JEMSE le vende energía renovable a un 25% más del costo de lo que compra el mercado mayorista", afirmó el legislador.
Canedi remarcó que la promesa política que acompañó la construcción de Cauchari fue precisamente abaratar el costo de la energía para los jujeños. Sin embargo, sostuvo que los números actuales indicarían lo contrario.
"Cuando se hace el combo entre la energía renovable y la que se compra al mercado mayorista, el resultado termina aumentando el costo de la energía en lugar de disminuirlo", señaló.
Un debate que vuelve a instalarse
Las revelaciones sobre la composición de las facturas y las denuncias respecto del rol de JEMSE vuelven a poner en discusión una pregunta central: ¿por qué los jujeños siguen pagando una de las energías más caras del país en una provincia que se presenta como líder nacional en generación renovable?
Mientras el Gobierno insiste en responsabilizar exclusivamente a la Nación por los aumentos, especialistas y sectores de la oposición sostienen que una parte significativa del problema se encuentra dentro de las propias decisiones adoptadas por la administración provincial.
En un contexto de pérdida del poder adquisitivo y creciente malestar social, la discusión ya no pasa únicamente por cuánto cuesta generar energía, sino por cuánto de la factura corresponde realmente al servicio y cuánto responde a una estructura de cargos, tasas e impuestos que termina castigando, una vez más, al bolsillo de los jujeños.
