El Expreso de Jujuy
Mientras crecen las quejas por el impacto de las tarifas en los hogares y comercios jujeños, la Legislatura provincial comenzó a analizar un proyecto que busca eliminar de las facturas de energía eléctrica y agua todos aquellos conceptos que no estén directamente vinculados con el consumo del servicio.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Kevin Ballesty, ya tomó estado parlamentario y deberá ser debatida en las comisiones de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos.
Según explicó el legislador, el objetivo es impedir que las empresas prestatarias actúen como agentes de recaudación de impuestos y tasas provinciales o municipales, una práctica que, a su entender, encarece artificialmente las boletas que reciben los usuarios.
“Cuando una persona contrata el servicio eléctrico, paga por la energía que consume. No contrata para que la empresa le cobre impuestos o tasas de otros organismos”, sostuvo Ballesty al fundamentar la propuesta.
Facturas con más impuestos que consumo
El diputado aseguró que una parte significativa del monto final que pagan los usuarios corresponde a conceptos ajenos al servicio.
“Si una familia recibe una factura de 300 mil pesos y se descuentan las tasas e impuestos, probablemente debería estar pagando entre 145 mil y 155 mil pesos. Es decir, prácticamente la mitad”, afirmó.
De acuerdo con su planteo, la eliminación de esos cargos permitiría aliviar de manera inmediata la economía de los hogares, los pequeños comercios y las pymes, sectores particularmente afectados por el aumento de los costos operativos durante los últimos meses.
“La provincia y los municipios utilizan las facturas de servicios para cobrar tributos que nada tienen que ver con el consumo energético. Si esos conceptos desaparecieran, los usuarios verían una reducción muy importante en el monto final de sus boletas”, remarcó.
Cuestionamientos al rol del Estado
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto tiene que ver con el rol del Estado provincial dentro de la empresa distribuidora de energía.
Ballesty señaló que el Gobierno de Jujuy posee participación accionaria en la compañía prestadora y consideró que esta situación genera un potencial conflicto de intereses.
“El Gobierno debe controlar la calidad y el funcionamiento de los servicios públicos, pero al mismo tiempo participa en la empresa que los presta. Es una situación que merece ser discutida”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que la presencia estatal dentro de la estructura societaria de la distribuidora obliga a abrir un debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la determinación de las tarifas.
Tarifazo y malestar social
Las declaraciones del legislador se producen en medio de un creciente malestar por el valor de las boletas de energía. Durante las últimas semanas, distintos sectores sociales, comerciantes y trabajadores municipales expresaron su preocupación por los incrementos registrados.
Ballesty recordó que recientemente se realizaron reuniones y campañas de recolección de firmas impulsadas por organizaciones que denuncian un “tarifazo” eléctrico.
“No fuimos convocados a esos encuentros, pero venimos trabajando en proyectos que apuntan precisamente a reducir el impacto económico de las facturas”, indicó.
El debate que se viene
La propuesta recién inicia su recorrido legislativo y deberá superar el análisis de las comisiones antes de llegar al recinto para su tratamiento.
Desde la oposición aseguran que se trata de una medida concreta para aliviar la presión económica sobre los usuarios. Sin embargo, la eventual eliminación de tasas e impuestos abrirá un fuerte debate sobre el financiamiento de municipios y organismos provinciales que actualmente encuentran en las facturas de servicios una vía de recaudación.
Mientras tanto, el reclamo por el costo de la energía continúa creciendo y promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda política jujeña durante los próximos meses.
