ACLARAN QUE EL PASAJE GRATUITO POR DISCAPACIDAD SIGUE VIGENTE, PERO HAY INCERTIDUMBRE POR NACIÓN

Aseguró que el derecho continúa vigente y recordó que las empresas están obligadas a trasladar a los beneficiarios. También cuestionó los aumentos de la energía eléctrica y espera los resultados de una encuesta sobre el impacto de las tarifas en los hogares jujeños.

Desde el organismo se manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas destinadas al transporte de personas con discapacidad y advirtió que la medida genera incertidumbre tanto entre los usuarios como entre las empresas prestadoras del servicio.

El defensor adjunto, Pablo La Villa, fue categórico al rechazar la disposición y sostuvo que se trata de una medida "arbitraria, injusta e ilegal", al considerar que contradice normas de jerarquía superior que garantizan la protección integral de las personas con discapacidad en la Argentina.

"No estamos de acuerdo. Es una medida totalmente arbitraria y a nuestro criterio también ilegal, porque existen leyes superiores a este decreto que establecen la protección y el cuidado integral de las personas con discapacidad", afirmó.

Desde la Defensoría aclararon que la decisión nacional no elimina el derecho al pasaje gratuito, sino que deja de financiar las compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte por la prestación del servicio.

Por ese motivo, remarcaron que las personas con discapacidad continúan conservando el beneficio y que las empresas siguen teniendo la obligación de garantizar el traslado.

"Lo que desaparece es la compensación económica que otorgaba el Estado nacional, pero el derecho sigue existiendo", explicó La Villa.

Incertidumbre sobre la aplicación

Uno de los principales cuestionamientos de la Defensoría apunta a la falta de precisiones sobre cómo se implementará el sistema a partir de ahora.

Según explicó el funcionario, ni los usuarios, ni las empresas de transporte, ni siquiera los organismos públicos cuentan con información clara sobre los mecanismos que se utilizarán para acceder a los pasajes gratuitos.

"Nadie tiene claro cómo se va a seguir haciendo, cómo se van a tramitar los pasajes, si habrá cupos, qué documentación se va a exigir o cuál será el procedimiento. La medida se tomó de un día para otro y sin explicaciones", señaló.

La Villa sostuvo que esta situación genera una mayor incertidumbre para un sector que ya viene atravesando múltiples dificultades derivadas de los ajustes nacionales.

"Es un golpe más para las personas con discapacidad, que vienen sufriendo una serie de medidas que afectan sus derechos", afirmó.

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo de Jujuy no recibió denuncias concretas por incumplimientos en la entrega de pasajes gratuitos. Sin embargo, confirmó que mantiene contacto con la Secretaría de Transporte provincial y que durante los próximos días buscará obtener precisiones sobre la modalidad que se aplicará a partir de ahora.

Asimismo, recordó que el reclamo fue canalizado a través de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), entidad que presentó un requerimiento formal ante los organismos nacionales competentes.

"La preocupación es compartida por las defensorías de todo el país porque estamos frente a un derecho que debe seguir garantizándose", sostuvo.

Tarifas eléctricas bajo la lupa

Por otra parte, La Villa se refirió a la encuesta que la Defensoría realizó en distintos puntos de la provincia para medir el impacto de las tarifas eléctricas en la economía familiar.

El relevamiento se impulsó luego de una respuesta brindada por EJESA ante un pedido de la Defensoría para que la empresa suspendiera temporalmente el cobro de intereses moratorios y punitorios y ampliara los plazos de pago ante la compleja situación económica que atraviesan numerosos hogares jujeños.

Según explicó el funcionario, la distribuidora respondió que no consideraba que los aumentos registrados representaran una carga significativa para la economía de los usuarios.

Frente a esa postura, la Defensoría decidió realizar un estudio propio para determinar qué porcentaje de los ingresos familiares se destina actualmente al pago de la energía eléctrica.

"La idea es conocer con exactitud cuál es el peso real que tiene la factura de luz dentro de la canasta de los hogares jujeños, tanto en la capital como en el interior de la provincia", explicó.

Los resultados todavía están siendo procesados y, según adelantó La Villa, serán presentados una vez concluido el análisis técnico para garantizar rigor metodológico y ofrecer datos precisos sobre el impacto de los incrementos tarifarios.

Mientras tanto, desde la Defensoría reiteraron su preocupación por el escenario económico que atraviesan numerosos sectores de la sociedad y advirtieron que tanto el acceso al transporte para personas con discapacidad como el costo creciente de los servicios públicos constituyen problemáticas que requieren respuestas urgentes por parte del Estado y de las empresas prestadoras.