El Expreso de Jujuy
A una década de la histórica irrupción del movimiento Ni Una Menos en las calles argentinas, las organizaciones feministas y de derechos humanos volverán a movilizarse este 3 de junio en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy para exigir respuestas frente a una problemática que sigue cobrándose víctimas en todo el país.
La convocatoria está prevista para las 15 horas y tendrá como eje central el reclamo por el sostenimiento de políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género, asistir a las víctimas y garantizar el acceso a la Justicia.
En diálogo con medios locales, Susana Rengifo, referente provincial de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), expuso cifras que reflejan la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en Argentina. Según el observatorio de la organización, en lo que va del año se registraron 105 femicidios en el país, lo que equivale a un asesinato por razones de género cada 35 horas.
"Es alarmante que en Argentina un hombre se convierta en femicida cada 35 horas", sostuvo la dirigente, al tiempo que recordó que este año se cumplen diez años de la primera marcha de Ni Una Menos y once años de registros sistemáticos elaborados por la organización.
Durante ese período, Mumalá contabilizó 3.096 femicidios en todo el territorio nacional, una cifra que evidencia que la violencia machista continúa siendo una de las principales deudas de la democracia argentina.
Jujuy, entre las provincias con mayor tasa de femicidios
Aunque en lo que va de 2026 la organización registra un femicidio en la provincia, Rengifo advirtió que la situación histórica de Jujuy continúa siendo preocupante.
La referente explicó que durante varios años consecutivos la provincia registró tasas de femicidios superiores al promedio nacional, una situación que la ubica actualmente entre las jurisdicciones más afectadas del país.
"En estos once años, Jujuy aparece en el tercer lugar a nivel nacional, detrás de Santiago del Estero y Chaco, en cuanto a tasas de femicidios", señaló.
El dato resulta particularmente significativo si se considera la menor población de la provincia respecto de otros grandes distritos del país. Para las organizaciones feministas, esto demuestra que la violencia de género sigue siendo un problema estructural que requiere intervenciones permanentes del Estado.
Reclamos por políticas públicas
Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones apunta a la falta de actualización y fortalecimiento de las herramientas destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres.
Desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy vienen reclamando la consolidación de marcos normativos que permitan respuestas más ágiles y efectivas frente a las situaciones de riesgo.
Según Rengifo, las leyes existentes deben adaptarse constantemente a las nuevas realidades y garantizar mecanismos concretos de protección para quienes atraviesan situaciones de violencia.
Las organizaciones sostienen además que la prevención requiere recursos, equipos interdisciplinarios, capacitación permanente y políticas sostenidas en el tiempo, aspectos que consideran insuficientes en el actual contexto.
La deuda de la Justicia
Otro de los puntos más críticos señalados por los colectivos feministas es el funcionamiento del sistema judicial.
De acuerdo con los registros de Mumalá, apenas el 9% de las víctimas había logrado realizar denuncias previas contra quienes posteriormente se convirtieron en sus agresores. A su vez, el 75% contaba con medidas de restricción que terminaron siendo vulneradas.
Para las organizaciones, estos datos exponen graves falencias en los mecanismos de protección y seguimiento de los casos de violencia de género.
"Estamos teniendo una deficiencia en el acceso a la Justicia por parte de mujeres y disidencias", afirmó la referente.
"Cuando el Estado falla, nos matan"
La consigna que acompañará la movilización sintetiza uno de los principales reclamos del movimiento feminista: la responsabilidad estatal en la prevención de la violencia de género.
"Cuando el Estado falla, nos matan" es una frase que apunta a visibilizar las consecuencias que tiene la ausencia o el debilitamiento de políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres.
Desde Mumalá sostienen que la violencia de género no es un problema individual sino una problemática social que requiere respuestas integrales desde distintos organismos estatales.
En ese sentido, cuestionan el recorte o eliminación de programas específicos vinculados a la prevención y asistencia de víctimas, y advierten que la falta de recursos deja a muchas mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad.
A diez años del primer Ni Una Menos, las cifras muestran que el reclamo sigue vigente. Mientras las organizaciones vuelven a ocupar las calles para exigir justicia y prevención, los números de femicidios continúan reflejando una realidad que aún no encuentra respuestas suficientes ni en el Estado ni en el sistema judicial.
