El Expreso de Jujuy
El juicio por el asesinato de Ivo Rodríguez Torres ingresó en su tramo decisivo. Luego de una extensa jornada de alegatos finales, la Justicia Federal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 8 de junio, cuando el gendarme acusado, de apellido Álvarez, tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal avance hacia la definición de su responsabilidad penal.
La audiencia marcó el cierre de una etapa clave del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que el joven perdió la vida durante una persecución en la ciudad fronteriza de La Quiaca.
Uno de los aspectos que cobró mayor relevancia en la recta final del debate fue la inspección ocular realizada el domingo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Para la querella, representada por el abogado Carlos Espada, esta medida permitió despejar dudas fundamentales sobre la dinámica del episodio.
"Fue muy importante porque cuando hablamos de 20, 30 o 40 metros muchas veces no se toma verdadera dimensión de esas distancias. Al estar en el lugar pudimos observar que la distancia existente no era mayor a cinco o diez metros", explicó el letrado.
Según Espada, esa constatación adquiere especial importancia porque durante el juicio varios efectivos de Gendarmería declararon que realizaban prácticas de tiro precisamente en distancias similares, entre 15 y 20 metros, con un alto grado de precisión. Para la acusación, ese dato refuerza la hipótesis de que el disparo que terminó con la vida de Torres no puede analizarse como un hecho fortuito.
El eje central de la discusión jurídica gira en torno al elemento subjetivo de la conducta del acusado. Mientras la fiscalía y la querella sostienen que existió dolo eventual —es decir, que el gendarme asumió conscientemente el riesgo de matar al efectuar múltiples disparos—, la defensa insiste en que se trató de un hecho culposo, sin intención de causar la muerte, en el marco de una persecución.
La acusación también remarcó durante el debate que existía una orden expresa impartida por la superior a cargo del operativo para que los efectivos no dispararan ni causaran daños físicos durante el procedimiento, una circunstancia que podría resultar determinante al momento de valorar la conducta del imputado.
"Creemos que la inspección ocular ha sido fundamental para develar algunas dudas. Estamos confiados en que finalmente se determinará la responsabilidad de esta persona, que entendemos es responsable del asesinato de Ivo Rodríguez Torres", afirmó Espada.
La expectativa de la familia está centrada en que el tribunal valore el conjunto de las pruebas reunidas durante meses de investigación y debate oral. Sin embargo, el abogado reconoció que el proceso aún contempla distintos escenarios posibles.
"Entendemos que hay elementos suficientes para condenarlo, pero dentro de las posibilidades procesales también existe la posibilidad de que no sea condenado", señaló.
En ese caso, adelantó, la querella recurriría a las instancias superiores para revisar la decisión.
Otro aspecto que la familia no está dispuesta a abandonar es la investigación sobre la actuación de otros tres integrantes de la fuerza que participaron del procedimiento. Aunque en esta instancia no están siendo juzgados, Espada sostuvo que durante el debate surgieron elementos que podrían derivar en nuevas acciones judiciales.
"De mínima estamos frente a un encubrimiento por parte de los otros tres efectivos de Gendarmería, pero eso será materia de una instancia posterior. Hoy toda la concentración y toda la fuerza de la familia están puestas en que se haga justicia respecto de quien efectuó el disparo que quitó la vida de Ivo", expresó.
El próximo lunes será una jornada determinante. Tras escuchar las últimas palabras del acusado, el tribunal deberá resolver si considera acreditada la responsabilidad penal del gendarme y bajo qué calificación jurídica. De ello dependerá también la eventual pena.
La querella anticipó que, si el imputado es hallado culpable del delito de homicidio doblemente agravado, solicitará la pena máxima prevista por el Código Penal: prisión perpetua.
Mientras tanto, familiares y allegados de Ivo Rodríguez Torres aguardan una definición que consideran crucial no solo para el caso particular, sino también para establecer responsabilidades cuando agentes del Estado hacen uso de armas de fuego en procedimientos de seguridad. La sentencia comenzará a responder una pregunta que atravesó todo el juicio: si la muerte del joven fue consecuencia de un error en medio de una persecución o el resultado de una conducta que asumió conscientemente el riesgo de quitar una vida.
