El Expreso de Jujuy
José María Albizo Cazón, aseguró que existe una “asociación de facto” entre empresarios del transporte y estudios jurídicos vinculados al proceso licitatorio, situación que —según sostuvo— habría permitido consolidar un esquema monopólico en el sistema de colectivos urbanos de la capital jujeña.
Confirmó que la Coalición Cívica ARI presentará formalmente un pedido de extinción de la concesión otorgada al grupo Santa Ana, invocando los artículos 49 y 50 del pliego de bases y condiciones de la licitación.
“El servicio se encuentra en un estado crítico y pone en riesgo la vida de usuarios y trabajadores”, sostuvo el dirigente, al hacer referencia a distintos episodios ocurridos en los últimos días.
Entre ellos mencionó el desperfecto sufrido por una unidad de Santa Ana que quedó detenida en plena avenida Patricias Argentinas y el accidente registrado el pasado 24, cuando un colectivo de la empresa desbarrancó mientras prestaba servicio debido —según denunció— a una rotura en el sistema de dirección.
Para Albizo Cazón, estos hechos no son aislados sino parte de una problemática estructural vinculada al estado de las unidades y a la falta de controles sobre el servicio.
“Estoy seguro de que quienes manejan estas empresas no permitirían que sus propios hijos utilicen colectivos en las condiciones en las que hoy viajan miles de jujeños”, afirmó.
Acusaciones de monopolio y “cartelización”
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia gira en torno al resultado de la licitación del transporte urbano y la concentración de líneas en manos de un mismo grupo empresario.
Según explicó el referente de la Coalición Cívica ARI, de los cuatro grupos de líneas licitados, tres terminaron vinculados directa o indirectamente al grupo Santa Ana.
Cazón sostuvo que el esquema configura una “monopolización” del sistema y advirtió que el pliego original establecía límites para evitar precisamente ese escenario.
Además, anunció que presentarán una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia por una presunta cartelización del servicio de transporte urbano de pasajeros.
“Un cartel se produce cuando empresas se unen para excluir a otra competidora del mercado”, explicó.
En ese marco, apuntó contra una supuesta actuación conjunta entre Santa Ana y la empresa El Urbano para impedir el ingreso del grupo Flecha Bus al sistema de transporte capitalino.
“El grupo Flecha Bus buscaba ingresar en la licitación a través del agrupamiento tercero y terminó desplazado por acuerdos entre empresas locales”, denunció.
Incluso afirmó que ambas firmas realizaron presentaciones administrativas conjuntas dentro del expediente licitatorio, situación que —según indicó— constituye un indicio de coordinación empresarial incompatible con un proceso competitivo transparente.
Preocupación por los trabajadores
Otro de los ejes centrales del planteo estuvo relacionado con la situación laboral de los choferes y trabajadores del sistema. Advirtió que existe preocupación por posibles despidos y pérdida de derechos laborales ante el avance de la concentración empresarial.
Aunque el pliego contempla la absorción del personal por parte de las empresas adjudicatarias, recordó antecedentes donde —según afirmó— no se respetaron derechos básicos como la antigüedad laboral.
“Ya ocurrió en transferencias anteriores entre empresas y muchos trabajadores terminaron perjudicados”, señaló.
También denunció irregularidades vinculadas a aportes previsionales, cobertura de obra social, ART y descuentos salariales que —según aseguró— afectan desde hace tiempo a empleados del transporte urbano.
“Hoy muchos trabajadores se jubilan con la mínima porque las empresas no realizan correctamente los aportes correspondientes”, afirmó.
Además, sostuvo que existen descuentos vinculados a UTA y FATAP que continúan aplicándose pese a que algunas empresas no formarían parte formalmente de esas entidades.
Presentaciones ante el municipio y Nación
La Coalición Cívica ARI confirmó que las presentaciones serán radicadas tanto ante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy como ante organismos nacionales.
Por un lado, solicitarán la extinción de la concesión de Santa Ana invocando incumplimientos previstos en el pliego licitatorio. Por otro, impulsarán una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia por presunta cartelización y concentración monopólica del servicio.
La controversia vuelve a colocar bajo debate el futuro del transporte urbano en la capital jujeña, un sistema que desde hace años acumula críticas de usuarios por la frecuencia, el estado de las unidades y la calidad general del servicio.
Las denuncias también reabren la discusión sobre el grado de transparencia del proceso licitatorio y el rol del municipio en el control de las empresas adjudicatarias, en un contexto donde crece el malestar social por el funcionamiento del transporte público en San Salvador de Jujuy.
