El Expreso de Jujuy
Docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones sociales participaron de la denominada Marcha Federal Universitaria, que en Jujuy tuvo una de las convocatorias más importantes de los últimos años. Desde la Universidad Nacional de Jujuy advirtieron que el deterioro salarial y presupuestario pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema universitario.
La decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Alejandra García Vargas, sostuvo que el reclamo central apunta a exigir “la plena aplicación de una ley aprobada y sancionada por el Congreso Nacional”, y cuestionó que el Gobierno nacional intente relativizar la gravedad de la situación.
“Se quiere bajar el precio de este reclamo diciendo que de alguna manera se están haciendo aportes, pero la realidad que vive hoy un docente universitario es otra”, expresó. Como ejemplo, indicó que “un docente de dedicación simple sin antigüedad está cobrando 250 mil pesos”, cifra que calificó como “por debajo de la línea de pobreza”.
Para García Vargas, el ajuste no sólo impacta en los salarios sino también en la calidad educativa. “No se puede seguir sosteniendo mucho más una educación de calidad como la que caracteriza a la universidad pública”, afirmó.
En un tono de fuerte confrontación política, la decana también advirtió que el conflicto podría profundizarse si el Gobierno mantiene su postura. “Si nos quieren vaciar las aulas, les vamos a llenar las calles”, lanzó ante los manifestantes, reivindicando el apoyo social a la universidad pública. “No nos van a vencer porque la sociedad en su conjunto nos apoya muchísimo, como se ha visto hoy en la marcha”, agregó.
Por su parte, el dirigente universitario Carlos Aramayo calificó la jornada como “clave para el reclamo docente” y denunció lo que consideró una “maniobra” del Ejecutivo nacional para desconocer la ley de financiamiento educativo.
“Están desconociendo una ley del Congreso y diciendo que no la van a acatar. Es gravísimo”, afirmó Aramayo, quien rechazó los argumentos oficiales respecto a que el presupuesto vigente invalidaría nuevas normas de financiamiento.
El dirigente consideró que el conflicto podría judicializarse, aunque planteó dudas sobre el rol del Poder Judicial. Aun así, sostuvo que la presión social puede modificar el rumbo del Gobierno nacional. “Si se sigue en este plan de movilización, de ganar la calle para mostrar la fuerza que tiene la educación pública, se le puede torcer el brazo a Milei y a su política”, aseguró.
Aramayo también definió la educación pública como “una de las fibras más sensibles de la historia del pueblo argentino” y llamó a “redoblar el esfuerzo en la lucha” frente a lo que calificó como una “provocación” del Gobierno nacional y de la Secretaría de Políticas Universitarias.
Desde el gremio docente ADIUNJu, Graciela Gresores expresó uno de los discursos más duros de la jornada. La dirigente apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y su administración, a quienes acusó de impulsar políticas de ajuste y destrucción del empleo.
“Todo el mundo entiende, los únicos que no entienden son este gobierno vende patria”, afirmó durante el acto central, donde además destacó la “enorme participación estudiantil y docente” en toda la provincia.
Según detalló, las movilizaciones también se realizaron en San Pedro, Purmamarca y Humahuaca, mostrando —según interpretó— que “todo el mundo está en la calle defendiendo a nuestra universidad”.
Gresores remarcó además el protagonismo de los jóvenes en la protesta y reivindicó la movilización callejera como herramienta de resistencia. “Nadie se salva solo, la lucha es en las calles”, concluyó.
La protesta dejó en evidencia el creciente malestar del sector universitario frente al ajuste presupuestario y salarial impulsado por el Gobierno nacional. Mientras desde la administración libertaria insisten en la necesidad de recortar el gasto público, las universidades advierten que el desfinanciamiento amenaza el acceso y la continuidad de la educación superior pública en Argentina.
