Fernando Burgos
En una polémica reunión de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Jujuy, se definió la conformación de la sala acusadora que llevará adelante el juicio político contra el juez de la Corte Suprema provincial, Federico Otaola.
La decisión generó fuertes cruces entre los bloques, al ratificarse la comisión investigadora anterior —integrada solo por radicales y peronistas— y excluir a las fuerzas que ingresaron en la última renovación de la Cámara.
El diputado Alejandro Vilca (FIT) criticó duramente la maniobra. “Por mayoría se votó que continúe la anterior conformación, que era solamente radicales y peronistas. Ya vemos cuál puede ser el destino de las causas”, señaló. Y agregó: “El poder político pone jueces, y el poder político los puede sacar. Esto queda a merced de los que los pusieron”. Vilca advirtió que el episodio refleja “la rosca política” y reclamó un sistema donde los jueces sean elegidos por voto directo y sometidos a juicio por jurado.
Por su parte, el diputado Kevin Ballesty (LLA), si bien reconoció que su espacio esperaba participar, defendió la decisión apelando a principios legales. “Hay que respetar el principio del juez natural. La comisión que estaba vigente al momento del pedido es la que debe investigar, para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del doctor Otaola”, explicó. Ballesty aclaró que, en futuros pedidos de juicio político, ya con la nueva conformación legislativa, su bloque sí podrá tener participación.
Mientras la comisión investigadora comenzará a evaluar las pruebas contra el magistrado, desde la izquierda advirtieron que el caso profundiza la desconfianza en la justicia jujeña y pidieron poner el foco en “salud, educación y salario”, temas que consideran más urgentes para el pueblo trabajador.
