El Expreso de JujuyEn los últimos días, la tranquilidad de la comunidad educativa jujeña se vio alterada por una ola de amenazas en al menos cinco localidades de la provincia. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que se encuentran en curso investigaciones por la aparición de expresiones amenazantes en colegios de distintos puntos de la provincia.
Remarcaron que estas conductas no son bromas menores, sino que encuadran en el delito de “Intimidación Pública”.
Según un comunicado oficial, los mensajes detectados tenían “contenido intimidante” y hacían referencia a la realización de “presuntos tiroteos en fechas determinadas”. En uno de los casos, las expresiones estarían vinculadas a contenidos difundidos a través de redes sociales, un aspecto que ya forma parte de las líneas de investigación.
Ante la gravedad de los hechos, se dispuso un operativo preventivo que incluye presencia policial en los establecimientos involucrados, acompañamiento de equipos de los Ministerios de Seguridad y Educación, y tareas investigativas que abarcan relevamientos, análisis de registros fílmicos y entrevistas para determinar la autoría de los hechos.
“No son hechos menores”: el delito y las penas
El Ministerio Público de la Acusación fue contundente en su comunicado: estas situaciones no deben ser minimizadas ni tratadas como bromas de mal gusto. Desde la cartera remarcaron que las conductas son investigadas como delitos penales enmarcados en la figura de “Intimidación Pública”, prevista en el Artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión.
“Las situaciones son abordadas con la seriedad que ameritan”, subrayó el MPA, al tiempo que destacó que se trabaja de manera articulada y permanente con las carteras de Educación, Seguridad y la Policía de la Provincia para reforzar las acciones preventivas y el abordaje integral de cada caso.
Una broma que puede arruinar vidas
Más allá de la investigación judicial, estas amenazas generan un daño profundo y evitable. Detrás de cada mensaje anónimo hay horas de angustia para alumnos, docentes y familias, operativos de seguridad que desvían recursos, y un clima de miedo que se instala en las escuelas, lugares que por naturaleza deberían ser refugios de aprendizaje y contención.
Los especialistas advierten que, en muchos casos, quienes difunden este tipo de contenidos no miden las consecuencias penales ni el impacto emocional que provocan. Lo que para algunos comienza como una “broma” o un intento de llamar la atención, puede terminar con antecedentes penales, procesos judiciales y un daño psicológico en cientos de compañeros.
Desde el MPA insistieron en que las investigaciones continúan con todos los recursos disponibles para identificar a los responsables. La advertencia es clara: quienes amenacen, aunque sea detrás de una pantalla, enfrentarán todo el peso de la ley.
Mientras tanto, desde la comunidad educativa se reitera el pedido de tomar conciencia. Ante cualquier situación sospechosa, las autoridades recomiendan no replicar mensajes alarmistas y dar aviso inmediato a directivos, docentes o a la policía. Porque frenar estas cadenas de miedo también es una forma de cuidar a los demás.
