Fernando BurgosA partir de una presentación realizada ante la Legislatura de Jujuy, el abogado Fernando Bóveda solicitó formalmente la intervención de la Municipalidad de La Quiaca. El pedio se fundamenta en una serie de hechos de inseguridad y presunta complicidad con el delito que el letrado asegura haber constatado en la zona.
En diálogo con este medio, Bóveda detalló que los motivos surgen de un acta de constatación realizada en el marco de una causa por usurpación, en la que participó junto al juez de paz. Durante las pericias, que incluyeron relevamientos con drones y recorridas a pie, el abogado afirmó haber detectado “dos caminos que iban y venían con total libertad” entre el río y la Ruta Nacional 40, con vehículos que, según su observación, “evidentemente estaban contrabandeando”.
“Lo que me pareció delictivamente aberrante es que se esté haciendo un contrabando en forma tan masiva y que nadie vio nada. La policía no vio nada, la Federal no vio nada, Gendarmería no vio nada”, cuestionó el letrado, señalando una supuesta omisión por parte de las fuerzas de seguridad nacionales con asiento en la frontera.
Responsabilidad política y omisión
Bóveda enfatizó que, más allá de la competencia en seguridad fronteriza, el intendente de La Quiaca tiene responsabilidad directa por ser territorio bajo su administración. “Todo funcionario que se entera de la comisión de un delito está obligado a denunciarlo. Corresponde que él lo denunciara, pero que yo sepa no hizo ninguna denuncia en ningún juzgado ni en la Oficina Anticorrupción”, afirmó.
El abogado considera que la situación alcanza un nivel de gravedad tal que justifica la intervención del municipio por parte del Poder Legislativo. “Yo hice lo que me parecía que había que hacer, porque la verdad nunca vi que un funcionario certificara la existencia de un delito así, que está tan a la vista. Ya es obsceno”, sostuvo.
Silencio en la Legislatura
Consultado sobre el estado del pedido, Bóveda indicó que aún no ha recibido comunicación por parte de los diputados provinciales. “Ninguno me llamó ni me dijo nada. No sé si lo pasarán a comisión o se tomarán sus tiempos para ver qué hacen o qué dejan de hacer, pero lo que correspondería es que llamen al intendente para pedir explicaciones”, señaló.
En paralelo, el abogado mencionó la reciente visita de la ministra de Seguridad de la Nación a La Quiaca para presentar proyectos de modernización. Sin embargo, advirtió que estas iniciativas resultan insuficientes si no se aborda lo que calificó como un “sistema de corrupción” arraigado. “No somos nenes de pecho como para darnos cuenta de lo que pasa. Es histórico y todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada”, remarcó.
Proceso de intervención
El letrado explicó que el mecanismo formal para avanzar con la intervención queda en manos de la Legislatura. “Tienen que intervenirla, designar un interventor y después, dentro del plazo (creo que son seis meses), llamar a elecciones”, detalló.
Bóveda representa a familias propietarias de los terrenos donde se desarrollaron los presuntos pasos ilegales, y adelantó que además del pedido político, continuará con acciones judiciales. “Hicimos una causa de aseguramiento de pruebas, y ahora iremos al interdicto de recobrar la posición”, concluyó, aclarando que no mantuvo ni mantendrá diálogo con las autoridades municipales sobre este conflicto.
