Fernando Burgos
La protesta, convocada para exigir una recomposición salarial urgente, derivó en momentos de alta tensión cuando los manifestantes intentaron acercarse al edificio gubernamental. Según denunciaron los presentes, la policía montó un vallado perimetral que impedía el acceso no solo al edificio, sino a la propia explanada, confinando a los trabajadores en la plaza. "Hubo forcejeos, a algunas compañeras les agarraron del cuello con la intención de detenerlas", relataron testigos, aunque destacaron que, tras los empujones, finalmente lograron superar el cerco y ser recibidos por representantes del área de Trabajo.
El agravio de la "desigualdad"
El malestar de los sindicatos no solo se centró en la represión física, sino también en lo que calificaron como un trato "absolutamente desigual" por parte del Estado provincial. En un comunicado emitido durante la jornada, la Comisión Directiva del CEDEMS expresó su "enérgico repudio a la represión" sufrida por docentes, estatales y trabajadores de vialidad, contrastando esta actitud con la recibida por otros sectores.
"Este acto es particularmente significativo dada la disparidad en el tratamiento", señaló el gremio, en clara alusión a los familiares de policías que recientemente obtuvieron aumentos salariales sin sufrir violencia ni restricciones. "A otros grupos se les permitieron desmanes y se les otorgaron mejoras sin sufrimiento alguno; a nosotros no nos dejan ni entrar a la Casa de Gobierno", cuestionaron los manifestantes, dejando en evidencia una gestión que parece medir la fuerza de los reclamos según el poder de presión de quienes los ejecutan, en lugar de atender la justicia de la demanda.
"Un salario que alcance para un día"
Mientras los efectivos policiales permanecían resguardando el perímetro, adentro, en una conferencia de prensa previa realizada en la sede del CEDEMS, la secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, había puesto el foco en el núcleo del conflicto: la emergencia salarial. "Estamos viviendo una situación económica asfixiante, que estrangula nuestras posibilidades y nuestra proyección a futuro", afirmó Sosa, quien denunció que los aumentos "por goteo" otorgados por el Ejecutivo provincial resultan irrisorios frente a la inflación.
"Hoy un kilo de carne está entre 25 y 30 mil pesos. El aumento que nos dieron alcanza para un día", ejemplificó la dirigente, quien reveló la cruda realidad de muchos docentes que deben recurrir al pluriempleo y endeudarse para llegar a fin de mes. A esto se suma el costo del transporte para quienes trabajan en el interior, con abonos mensuales que oscilan entre los 300 y 400 mil pesos, una cifra que debe ser afrontada de su propio bolsillo mientras esperan autorizaciones estatales.
Un reclamo unificado y la inacción oficial
Con la participación activa de SEOM, APUAP, CEDEMS y el gremio de Vialidad, y la espera de la adhesión de ADEP, los sindicatos dejaron en claro que el malestar atraviesa a todo el sector estatal. El reclamo es contundente: un salario inicial de 1.400.000 pesos que equipare el poder adquisitivo con la canasta familiar, la cual ya supera el millón de pesos. Además, exigieron la eliminación del sistema de presentismo, al que consideran una herramienta de presión que ignora el desgaste físico y las extensas jornadas laborales de los trabajadores.
Frente a este panorama, los gremios hicieron un llamamiento directo a la CGT para que convoque a un paro provincial en defensa de los derechos de los trabajadores. La actitud del gobierno provincial, que alterna entre la falta de convocatoria a paritarias con propuestas concretas y el uso de la fuerza para contener el descontento, evidencia una peligrosa sordera política. Lejos de atender la emergencia social con diálogo y propuestas superadoras, el Ejecutivo parece optar por la resistencia y la represión selectiva, una estrategia que, lejos de calmar los ánimos, profundiza la brecha entre la administración y una sociedad que ya no puede esperar.
