Legisladores de distintas bancadas participaron de un plenario conjunto de las Comisiones de Asuntos Institucionales, para avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de Juicios por Jurados. La reunión contó con la presencia del procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Sergio Lello Sánchez, quien aportó su visión técnica sobre la iniciativa.
12 de agosto de 2025
Fernando Burgos
El proyecto propone la incorporación de la ciudadanía en la administración de justicia penal, fortaleciendo el sistema democrático y promoviendo una participación activa en las instituciones republicanas.
Al respecto, la legisladora Gisel Bravo, presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, destacó desde el Ministerio Público de la Acusación se realizaron valiosos aportes al proyecto original para seguir debatiéndose en el seno de nuestras comisiones. Se trata de una propuesta trascendental que puede transformar la administración de justicia penal, donde la participación ciudadana será clave para robustecer nuestro sistema.
La iniciativa contempla la implementación del modelo clásico de juicio por jurados, integrado por 12 miembros titulares, con paridad de género, y presidido por un juez profesional. Estará destinado exclusivamente a delitos cuya pena máxima en abstracto sea igual o superior a 20 años de prisión, conforme lo establecido en el Código Penal.
Para finalizar, el Dr. Lello Sánchez subrayó que el juicio por jurados es una garantía constitucional. Que los ciudadanos sean juzgados por sus pares representa un avance en términos de cultura cívica y de implementación del sistema penal acusatorio. La sanción de esta ley será un paso fundamental para consolidar la soberanía popular en la administración de justicia.
El cierre del ex Banco Provincia en el año 1997 dejó un saldo que todavía no puede ser subsanado. Son sus trabajadores que todavía reclaman la propiedad participada, un derecho que le pertenece, que fue judicializado y ganado en todas las instancias, pero que no se hace efectivo por decisión de las autoridades del estado provincial.
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