Fernando Burgos
La intervención, autorizada por el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Dr. Rodolfo Miguel Fernández, contó con la participación de 180 efectivos policiales y resultó en la detención de siete personas y el secuestro de maquinaria pesada, vehículos de alta gama y documentación clave.
El fiscal de Investigación Penal Preparatoria (IPP) de La Quiaca, Dr. Alberto Omar Mendivil, destacó que el caso incluye imputaciones por desobediencia judicial, robo, asociación ilícita y posible lavado de activos. La desobediencia judicial se debe a amenazas y actos violentos contra inspectores mineros, mientras que el robo se relaciona con la extracción de oro en terrenos concesionados. La asociación ilícita y el posible lavado de activos reflejan la organización del grupo familiar y el manejo de bienes obtenidos de forma ilegal, utilizando una infraestructura sofisticada.
Entre los elementos incautados figuran 12 vehículos, incluyendo camionetas de alta gama, topadoras y orugas, además de documentación relevante.
El Dr. Mendivil destacó que “la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales o la identificación de posibles conexiones con redes nacionales o internacionales”, subrayando la importancia de proteger los recursos naturales y asegurar el cumplimiento de las leyes.
