Legislatura: PIDEN JUICIO POLÍTICO CONTRA EL FISCAL SERGIO LELLO SÁNCHEZ

El pedido de juicio político ingreso hoy a la Legislatura, para que comience su trámite formal. La acusación formal, es por “incumplimiento de los deberes a su cargo y por incapacidad para el desempeño de sus funciones”. 

Según el escrito presentado por Palmieri, el Titular del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Sergio Lello Sánchez, durante los cuatro años y medio se encuentra como jefe de los Fiscales de Jujuy y fue denunciado en reiteradas oportunidades por Diputados, profesionales de la Asociación de Abogados de Jujuy ante la Oficina Anticorrupción, magistrados, funcionarios, empleados y empleadas del propio Ministerio ante el Superior Tribunal de Justicia. Incluso fue puesto en la mira por “reventar” el despacho de la Fiscal Liliana Fernández de Montiel, alegando realizar un traslado de documentación de aquella oficina a otra. Una orden que según los ejecutores de la violentación de la puerta de la oficina indefectiblemente debía cumplirse, por ello se envió un cerrajero ante la ausencia de la fiscal y se procedió a abrir aquel despacho sin autorización de la titular de aquellas causas. 

Para Palmieri, “el nivel de arrogancia, impunidad, incumplimiento y disfuncionalidad del organismo se ven reflejados en las denuncias que formulan distintos actores sociales, que incluso fueron presentadas en el Superior Tribunal de Justicia, en contra del Titular del Ministerio Publico de la Acusación”.

En la denuncia se hace mención a distintas causas y denuncias presentadas contra Lello Sánchez, entre ella la presentada por la diputada Débora Juárez, por la violación de su inmunidad parlamentaria por un allanamiento en su domicilio y sostuvo que Lello Sánchez inició una “persecución” en su contra. Actualmente la presentación se encuentra en la Comisión de Asuntos Institucionales, a la espera de una resolución.-

Otra denuncia fue presentada el 10 de Julio del año 2019, la Dra. Agustina Aramayo, quien se desempeña como Secretaria del MPA, por “violencia de género y mobbing laboral” concretadas en su contra, ante el Superior Tribunal de Justicia. 

En esa causa, la Dra. Agustina Aramayo presentó al Dr. Luis Manuel Conde, como testigo de las distintas humillaciones y malos tratos de los que había sido objeto la misma, lo que le valió al Dr. Conde que fuera desvinculado del citado Ministerio de la Acusación, al vencer el período de prueba laboral en que se encontraba el nombrado.

Se suma la denuncia presentada en julio de 2019 por el Dr. Mateo Montiel que también expresó transitar una situación de mobbing laboral y persecución

Durante la visita del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, quienes después de reunirse con el Gobernador Morales, hicieron referencia a “…la actuación del Dr. Lello Sanchez y a su vinculación con la persecución política a la que se somete al Dr. Ficoseco…”. Asimismo manifestaron  “Nos vamos, seguros también, que los diputados tienen la obligación de ponerle límites al desborde de poder”.- 

También en septiembre de 2019, el Fiscal Lello Sánchez fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por distintas irregularidades dentro del MPA, por la falta de Presentación Jurada de Sergio Lello Sánchez, -la cual actualiza luego de la denuncia-, también por irregularidades en la contratación de una médica patóloga, y el uso, abuso y disposiciones de los vehículos productos de secuestros, sin su debida certificación, son algunos de los motivos que devienen en la denuncia en curso. 

La denuncia por la contratación irregular de la Dra. María Ayelén Baraybar desde el año 2016 como Perito Médica Patóloga, que “a la fecha del dictado de la resolución Nº MPA-184/16 por parte del Dr. Sergio Lello Sánchez por la cual se concretó la primera contratación de la citada profesional, la referida doctora Baraybar no era ni Médica Patóloga, ni Perito Criminóloga, ni tenía las aptitudes profesionales necesarias para actuar en prácticas periciales de envergadura forense”.- 

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina repudiaron el grave atentado a la libertad de expresión y por otra parte planteó “…someter a tratamiento la situación del Fiscal General de la Acusación (Dr. Sergio Lello Sánchez) promoviendo, por este acto y otros de público conocimiento su expulsión de estas asociaciones comprometidas con la democracia y el Régimen Republicano”; finalmente ocurrió que en el mes de noviembre de 2019 fue declarado Inepto Éticamente para pertenecer a dicho Consejo a instancia de todos los Fiscales Generales de las distintas provincias de la Nación.- 

En el mes de noviembre de 2019, el despacho de la Fiscal Liliana Fernández de Montiel, así como de las fotos tomadas por los propios funcionarios que asistieron impactados a la medida ordenada por el Fiscal General, surge el atropello al despacho de una funcionaria, la que fue advertida del mismo y acudió a su oficina a verificar el estado de sus pertenencias personales y de los expedientes que estaban a su cargo, los que no pudieron ser manipulados por los que llevaron a cabo la medida por expresa oposición de la Dra. Agustina Aramayo, quien impidió que tocaran los mismos hasta tanto se apersonara la Dra. Fernández de Montiel. La Fiscal se encontraba a esa fecha con licencia médica con afecciones físicas y psicológicas producto de las acciones de acoso laboral desplegadas por el Dr. Sergio Lello Sanchez.-

En el mes de enero de 2020, se conoce públicamente que el Dr. Lello Sánchez designa a su esposa, Celina Florencia de Tezanos Pintos como Secretaria Relatora del Ministerio Público de la Acusación, VIOLANDO lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 5895/15 que establece PROHIBICIONES expresas al Fiscal General: “Les está vedado a quienes ejerzan la función de Fiscal General de la Acusación, así como a quienes ejerzan la función de Director de cualquiera de los Órganos de Apoyo: a) Desempeñarse en la misma dependencia del Ministerio Público de la Acusación dos o más agentes que sean entre sí cónyuges, convivientes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.-

En el mes de febrero de 2020, el Fiscal General, Sergio Lello Sanchez, es denunciado penalmente por los Diputados Emanuel Martín Palmieri, Débora Juárez Orieta, Alejandra Cejas, Fátima Tissera, Leila Chaher y Mariela Ferreyra, por la comisión entre otros del delito de Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la Función Pública, radicado bajo el N° P-225544/20, a cargo del Fiscal de Delitos Económicos y contra la Administración Pública, Juez de Control Dr. Fernández, a quienes deberá requerirse la remisión de copias certificadas para su compulsa.-

Con fecha 12 de junio de 2020, la Dra. Ivone Leonor Haquim, Defensora General del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal, en los términos de los artículos 352 y siguientes del Código Procesal Penal, interpone formal denuncia en contra del Dr. Lello Sanchez por la posible comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de personas contemplado en el artículo 277 3. d), 248, 248 bis y 106 del Código Penal, por graves irregularidades en expediente de Abuso Sexual.-

“No podemos seguir sosteniendo que el Dr. Lello continúe en el cargo de Fiscal General, porque está en juego la seguridad jurídica, más bien la seguridad colectiva, que debe partir no de preconceptos que se vierten a diario por los medios masivos de comunicación, sino más bien, ante la inobservancia reiterada de las conductas señaladas como valiosas, o ante el no cumplimiento de las leyes que prohíben conductas señaladas como vedadas o dañosas, o dañinas para el bien común, por lo que no queda otro remedio que acudir a la curación, a la sanación, y el primer paso hacia la misma es que se promueva la destitución del Fiscal General del Ministerio de la Acusación Dr. Sergio Lello Sanchez, ya que con las innumerables y constantes denuncias por actos graves en su contra, todos los habitantes de la provincia de Jujuy se ven amenazados y restringidos en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales” expresó Palmieri.