Fernando Burgos
Se trata de Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes fueron detenidos entre el 4 y 5 de enero pasado, ambos imputados por replicar versiones que durante los últimos días de diciembre circularon en redes sociales y en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del referente radical jujeño.
La justicia jujeña durante la investigación agravó la acusación por el artículo 139 inciso 2 del Código Penal de la Nación, que prevé de 2 a 6 años de prisión al que "por cualquier acto alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años", adjudicándole publicaciones que también involucraban a la hija del matrimonio Gerardo Morales-Tulia Snopek.
Este lunes, el fiscal de la causa, Walter Rondón, requirió el cese de la detención preventiva que cumplían Morandini y Villegas en el penal del barrio Gorriti de la capital jujeña, luego de que el caso tomó repercusión nacional.
Previo a conocerse esta decisión, el presidente Javier Milei, a través del vocero Manuel Adorni, expresó su "preocupación" por la detención de estas dos personas que, ejerciendo el "uso de la libertad de expresión", replicaron en redes sociales los posteos.
Durante la audiencia, la defensa de los acusados indicó que la querella integrada por el Consejo de la Mujer de Jujuy y la Secretaría de Niñez provincial "se opuso" al pedido de la fiscalía, pero el juez confirmó el cese de prisión preventiva.
"Acaban de avisarnos que dictaron el cese de prisión preventiva Nahuel y Roque", refirió tras conocer la resolución judicial Lucía Castro Olivera, esposa de Morandini, quien indicó "que no hay motivos para mantenerlos encarcelados".
"Nosotros vamos a seguir luchando por el sobreseimiento de la causa, que es lo que debe suceder en esta causa escandalosa que intentaron armar para disciplinar a todos los jujeños y jujeñas", completó.
Se espera que tanto Morandini como Villegas recuperen la libertad en la tarde hoy luego de que se cumplan con los trámites administrativos, mientras continúa el polémico proceso judicial en Jujuy.
Para Castro Olivera, los acusados padecieron "una detención totalmente ilegal" y debido "al conocimiento público que tomo el caso accedieron al cese de prisión preventiva, pero siguen con la intención de condenarlos por delitos graves, aunque claramente no se le puede atribuir las acusaciones por haber compartido posteos en redes sociales".
Por su parte el fiscal Walter Rondón, en conferencia de prensa, señaló que "el Ministerio Público de la Acusación ha solicitado en cese de detención de los imputados porque estamos próximos a realizar la audiencia de control de actuación, es decir la finalización de la investigación penal preparatoria".
La medida implica normas de conducta como "prohibición de acercamiento a las víctimas; prohibición de contacto por redes sociales o cualquier otro medio de comunicación", al tiempo que la fiscalía avanza en el requerimiento de juicio oral contra Morandini y Villegas.
El fiscal jujeño sostiene que la imputación "no es por un simple tuiteo, sino que surge de la exportación de las redes sociales más de lo que se extrajo de teléfonos de los acusados y tenemos pruebas suficientes para llevar esta causa a juicio".
Sobre la investigación a una tercera acusada, la arquitecta Lucia González, que denunció su caso en medios de comunicación, dijo que "se le atribuye el mismo delito por atentar contra el estado civil en la identidad de una persona menor de 10 años".
En ese marco, afirmó que "no habrá más detenciones" en el marco de la investigación, no sin antes atribuirles a las tres personas nombradas como las que "subieron los posteos y de ahí se viralizó hacia abajo".
"Estamos próximos a culminar la causa y antes del 20 de marzo estaríamos llegando a juicio en este proceso, el cual como tiene una pena mínima a 15 años se realiza con juez unipersonal", concluyó.
Durante el tiempo que estuvieron detenidos y trasladados a distintas dependencias policiales y penales, Morandini y Villegas recibieron el apoyo de legisladores provinciales, nacionales, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, entre otras instituciones que repudiaron el accionar de la Justicia de la provincia de Jujuy.
