Sindicatos docentes de Jujuy y el Tercer Malón de la Paz rechazaron la decisión de la fiscalía local de imputar a 23 personas por la muerte de una turista en la localidad de Abra Pampa el 9 de julio pasado cuando realizaban cortes de ruta, y aseguraron que la causa busca "la detención mediante una grave pena privativa de la libertad". En la jornada de hoy hubo una presentación espontánea de todos los imputados en dependencias del MPA. Allí conocieron causa de imputación y se les informó en detalle de las causas en que están involucrados.
JUDICIALES05 de octubre de 2023
El Expreso de Jujuy
Desde la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) se afirmó que entre los imputados hay docentes que estaban ejerciendo el derecho a huelga, mientras que la acusación "intenta sostener que tales hechos se produjeron a consecuencia de la protesta realizada", sostuvieron.
En un comunicado, consideró que "se trata de un acto de criminalización del derecho a la huelga llegando al extremo de pretender la detención mediante una grave pena privativa de la libertad".
En otro párrafo, señaló: "Nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga en el artículo 14 bis, por su parte también lo hace la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 23.551 y el Estatuto Docente".
"Todas estas leyes garantizan nuestros derechos sindicales. El derecho a huelga no debe ser limitado ni restringido ilegalmente", añadió.
Por su parte, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) pidió "basta de amedrentar y perseguir a los que luchan" y expresó "el apoyo a nuestra compañera Mercedes Maidana".
Maidana es una maestra indígena, quien junto a otros docentes y miembros de la comunidad del Tercer Malón de la Paz fueron acusados por la fiscalía de "homicidio culposo".
La semana pasada, fueron imputadas 23 personas por la muerte de Virginia Flores Gómez, ocurrida el 9 de julio pasado cuando viajaba en un colectivo de larga distancia que circulaba por la ruta 9 y quedó varado en Abra Pampa a raíz del corte que realizaban comunidades indígenas en protesta contra la reforma constitucional.
La mujer, de nacionalidad boliviana, sufrió una descompensación dentro del vehículo. Posteriormente fue atendida por el Same y falleció en trayecto al hospital de esa localidad de la Puna donde se intentó reanimarla.
Por el hecho, el Gobierno provincial denunció penalmente a los comuneros que realizaban protestas en la ruta 9 a la altura de Abra Pampa, Purmamarca, Humahuaca, Uquía y Tilcara.
"A simple vista, se puede ver claramente que es una causa armada, por el Poder Judicial de Jujuy a las órdenes del dictador Gerardo Morales que va en desmedro de la lucha genuina del reclamo ampliamente legítimo, del pueblo de Jujuy que salió a las calles, a las rutas", expresó en un comunicado el Tercer Malón de la Paz.
En tal sentido, afirmó que buscan culpabilizar a "hermanos que nada tienen que ver, mencionando además lugares y tiempos equívocos. Es una acusación totalmente cargada de falsedad y de muy mala fe".
"Demostraremos una vez más, que la Justicia manejada por el Gobierno de Jujuy miente, avasalla, persigue y amedrenta", finalizaron
Al imputado -de 19 años y community manager de un centro estudiantil santafesino- se lo acusa de haber creado con Inteligencia Artificial un organismo y un programa de becas falso con lo que hizo viajar a las víctimas a San Salvador.
Daniela Mamaní fue hallada sin vida, boca abajo y con el estómago abierto. Estaba sin ropa interior, por lo que se presume que habrían intentado violarla, pero estaba indispuesta. En la pequeña habitación donde habitaba, se encontró un cuchillo tipo tramontina, el cual se habría usado para matarla. El asesino se entregó a la policía a media mañana y quedó detenido.
Daniela Araceli Mamaní se llamaba la jóven de 31 años de profesión enfermera oriunda de Humahuaca, que fue hallada muerta en un domicilio del Barrio Gorriti.
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En horas de la mañana se encontró el cuerpo sin vida de una mujer, de aproximadamente 30 años de edad en un inquiliato de calle Campero, casi esquina Éxodo.
Personal de la Brigada de Narcotráfico de Perico y Monterrico llevó a cabo una serie de allanamientos en el marco de investigaciones por la supuesta venta de sustancias estupefacientes al menudeo, bajo la modalidad conocida como “delivery”.
El Fiscal Guillermo Beller tuvo que salir a aclarar sobre el caso donde un empresario del medio y ex investigador de astronomía, está involucrado y con prisión preventiva, en un caso por abuso sexual sobre una menor de edad.
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