La Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner. El TOF 2 solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años, junto a los de otros condenados por ese expediente.
JUDICIALES19 de noviembre de 2025
El Expreso de Jujuy
La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.
Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.KAADIEs1CwCp42EwDE8Mkw
También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La Justicia ordenó una incautación de inmuebles de la expresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez que equivale a 684 mil millones de pesos.
El tribunal de la causa Vialidad pidió este martes 18 de noviembre decomisar los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, junto a los de las otras personas condenados por ese expediente, como el empresario Lázaro Báez, por un monto superior a los 684 mil millones de pesos. La resolución la tomó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF), integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Esta decisión afecta a 122 bienes inmuebles que pudieron ser identificados por personal del Ministerio Público Fiscal como productos o instrumentos del delito, o como activos sumados por los condenados en el período donde se implementó la maniobra delictiva, entre los meses de mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Por ejemplo, se decomisaron empresas de Lázaro Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, terrenos y departamentos en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz. También se incluyó un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y bienes que la expresidenta le cedió a sus hijos, Máximo y Florencia.
Según la sentencia, se pudo probar que existía un circuito de beneficios indebidos generados por la adjudicación irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz que implicó cartelización, sobreprecios y falta de controles que beneficiaron a Báez. Gracias a esta situación, el empresario tuvo un desmesurado crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en inversiones, propiedades y negocios compartidos con los Kirchner.
La Justicia rechazó el argumento de los abogados defensores, que habían planteado la probable afectación de derechos de terceros, señalado que no existía un nexo casual entre los bienes y el delito, y la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito. El tribunal señaló en su fallo que el decomiso no pide una trazabilidad contable exacta, solo una vinculación razonable con los beneficios generados por la maniobra ilegal.
También explicó que tomó su decisión basándose en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde se señala la recuperación de activos como un principio esencial; y advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede potenciar la impunidad económica cuando se trata de casos de corrupción estructural.
Finalmente, el tribunal señaló que, una vez realizada la tasación de los bienes decomisados se avisará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y además ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados, instándose a garantizar que los fondos recuperados sean usados para reparar el daño social causado, especialmente, en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial se perjudicó fuertemente por las obras sin terminar.
El fallo fue firmado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.
La advertencia del fiscal Luciani
Diego Luciani, fiscal de la Causa Vialidad, había advertido a finales del mes último, en una disertación que dio en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, que estaba “peleando” para lograr el decomiso de bienes de la expresidenta.
El funcioanrio afirmó: “El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”.
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