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title: "Bolivia: AMNISTÍA PARA EVO MORALES Y MÁS DE UN MILLAR DE \"PERSEGUIDOS\""
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description: "La Asamblea Legislativa (Parlamento) de Bolivia aprobó hoy el decreto presidencial que le torga amnistía e indulto “por razones humanitarias” a más de un millar de \"perseguidos\" por el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, entre ellos el expresidente Evo Morales en una sesión que incluyó duros cruces entre oficialismo y oposición."
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date_published: "2021-02-12T20:10:00-03:00"
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tags:
  - "amnistia"
  - "bolivia"
  - "evo morales"
author_name: "El Expreso de Jujuy"
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# Bolivia: AMNISTÍA PARA EVO MORALES Y MÁS DE UN MILLAR DE "PERSEGUIDOS"

![evo morales](/download/multimedia.normal.a8b2a69ad7d98943.65766f206d6f72616c65735f6e6f726d616c2e6a7067.jpg)

*evo morales*

***"Con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de la Asamblea (parlamento), queda aprobado el decreto presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias"***, proclamó tras un debate de tres horas el vicepresidente **David Choquehuanca**, que encabezó la sesión.

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría en la sesión bicameral para cerrar el debate y aprobar el decreto del presidente Luis Arce, calificado como un "acto de justicia" por el oficialismo y denunciado como "dictatorial" e "inconstitucional" por la oposición, reportó la agencia de noticias rusa Sputnik.

El decreto, que libera de procesos y en muchos casos de detención preventiva a miembros y simpatizantes de la pasada administración de Morales, y a otros ciudadanos que rechazaron la gestión de facto de Áñez, beneficiará también a decenas de presos que sufren retrasos en la tramitación de sus causas, según un anuncio oficial.

Entre los argumentos del Ejecutivo para impulsar la medida se cuenta ***“la retardación de justicia en situación vulnerable, en el marco de la prevención del riesgo de incremento de casos de contagio de COVID-19 en los penales y la restitución de derechos a perseguidos”.***

La norma busca resguardar la vida, la salud e integridad de los presos ante “el incremento de contagios por Covid-19 y ante el hacinamiento en los centros penitenciarios del país”, consignó la estatal agencia ABI.

Pero el acento, y el mayor debate, estuvo dado por la decisión de restablecer “los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

Morales estaba acusado de genocidio y terrorismo, por supuestamente organizar y alentar los bloqueos de rutas y las movilizaciones contra la administración de Áñez.

Los fundamentos de la iniciativa resaltan que a los más de 19 mil privados de libertad registrados en el censo de 2019, se sumaron “los perseguidos políticos” del gobierno de Áñez, unas 1.500 personas que sufrieron persecución, procesamiento y encarcelamiento.

La norma gubernamental, contenida en 5 capítulos y 13 artículos, señala que la crisis política derivada del golpe contra Morales “devino en una persecución política en contra de quienes salieron en defensa de la democracia, ejercieron su derecho a la protesta, la libertad de expresión y de asociación”.

El uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía, las detenciones ilegales y la violación del derecho a la vida, integridad, libertad e igualdad y no discriminación fueron constatados en sendos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, reportó el proyecto.

El decreto presidencial excluye del indulto y amnistía a quienes cometieron delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas, delitos financieros y contra la libertad sexual.

Tampoco alcanza a los delitos previstos en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, ni a quienes cometieron delitos de violencia contra las mujeres previsto en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres y delitos cuya víctima sea una niña, niño, adolescente, personas incapaz o víctimas múltiples.

Áñez asumió la jefatura del Palacio Quemado en noviembre de 2019, tras el golpe contra Morales, y a partir de ese fecha se asesinaron a 37 ciudadanos en protestas –la mayoría en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata- y se violaron de forma sistemática los derechos humanos y la libertad de expresión.

Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigan actualmente en el país hechos de violencia registrados entre noviembre y diciembre de 2019.

La Asamblea Legislativa Plurinacional recomendó en octubre del año pasado al Ministerio Público iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez por las matanzas.

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