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title: "Freno al gobierno: COMUNIDADES ORIGINARIAS DE JUJUY ADVIERTEN POR EL AVANCE DE LOS DESALOJOS"
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description: "Cansados de esperar la entrega de personerías jurídicas y relevamientos territoriales, referentes indígenas presentaron un petitorio en la Legislatura para frenar el ingreso de funcionarios provinciales.Denuncian un uso clientelar de la asistencia en tiempos de campaña y alertan sobre la desprotección legal tras la caída de la Ley 26.160."
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date_published: "2026-11-19T15:14:00-03:00"
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tags:
  - "comunidad"
  - "desalojos"
  - "jujuy"
author_name: "El Expreso de Jujuy"
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category_name: "JUJUY"
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# Freno al gobierno: COMUNIDADES ORIGINARIAS DE JUJUY ADVIERTEN POR EL AVANCE DE LOS DESALOJOS

![comunidad el condor protesta Q](/download/multimedia.normal.94fad1bbcba4c19b.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*comunidad el condor protesta*

La tensión entre las comunidades originarias de Jujuy y el Ejecutivo provincial alcanzó un punto de quiebre. Ante la falta de respuestas oficiales sobre la regularización de sus tierras y el temor creciente a nuevos desahucios, organizaciones indígenas decidieron prohibir el ingreso de funcionarios gubernamentales y terceros a sus territorios mientras no se respete el derecho a la consulta libre, previa e informada.

El reclamo fue formalizado mediante un petitorio elevado a la Cámara de Diputados de la provincia, impulsado por el espacio Defendiendo el Territorio. Carlos Tolaba, presidente de la comunidad de El Cóndor, expuso el malestar acumulado tras más de un año y medio de viajes constantes a la capital jujeña sin obtener soluciones concretas. Según explicó el dirigente, el proceso de reconocimiento estatal atraviesa una parálisis absoluta que deja a las poblaciones ancestrales en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica.

El camino hacia la seguridad territorial consta de tres etapas sucesivas: la obtención de la personería jurídica —que funciona como el documento de identidad de cada comunidad—, el relevamiento técnico para demarcar parcelas y límites, y finalmente la entrega del título comunitario único. Sin embargo, de las siete personerías solicitadas inicialmente por este sector ante la provincia, apenas dos fueron otorgadas y otras tres permanecen estancadas sin explicación.

Desde las comunidades señalan que la caída de la Ley Nacional 26.160, que suspendía los desalojos de tierras indígenas, agravó el escenario y dejó el camino despejado para avanzar contra posesiones milenarias. A esta preocupación se suma el debate legislativo sobre la propiedad individual, una iniciativa que los referentes miran con alarma por considerar que terminaría de desarmar las herramientas legales que protegen la propiedad colectiva.

El cuestionamiento apunta directamente al rol de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Tolaba aseguró que la repartición no solo incumple su función de garantizar derechos, sino que opera con criterios políticos y clientelares, prometiendo títulos comunitarios únicamente a sectores afines al oficialismo y buscando fragmentar la organización interna de los pueblos. Frente a la cercanía del calendario electoral, las asambleas resolvieron cortar de raíz cualquier visita oficial que busque ofrecer asistencia puntual a cambio de acuerdos políticos.

El reclamo hacia la gestión del gobernador Carlos Sadir también incluye críticas por el trato institucional recibido en la capital. Los dirigentes denunciaron que cada vez que se movilizan para presentar notas o exigir audiencias en la Casa de Gobierno, la Legislatura o la propia Secretaría, se encuentran con persianas bajas, rejas cerradas y operativos policiales. En ese contexto, exigieron que el Estado cese las maniobras dilatorias, garantice la paz social en los territorios y cumpla en tiempo y forma con la titulación de unas tierras que habitan desde hace más de diez mil años.

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