Pobladores de la localidad de Caspalá se reunieron con el gobernador Gerardo Morales y acordaron la continuidad del proyecto de construcción de la escuela, como así también de una nueva cancha de fútbol, con lo cual se dio por finalizado el conflicto suscitado el pasado viernes donde la policía reprimió con dureza a los comuneros locales.
El Comisionado Natividad Apaza (UCR) habría ordenado a las fuerzas policiales la represión de vecinos que intentan impedir que se construya una escuela en una antigua cancha de fútbol que existe en inmediaciones del pueblo.
Un nutrido grupo de personas, cortaron la calle en inmediaciones a la cancha del barrio, en protesta por el avance de obra del colegio. Según denunciaron, la construcción de la misma está perjudicando de manera directa a las viviendas cercanas a la construcción, que estarían sufriendo “el impacto” de la construcción.
Tras la brutal represión y los dichos del primer mandatario, residentes del barrio expusieron denuncias de vulneración de sus derechos. Bajo la consigna “Cancha si, Escuela si”, los vecinos de Campo Verde y del Sector denominado 9 de Julio, reivindicaron su lucha con una conferencia de prensa y posterior marcha por las calles.
El gobierno provincial presentó una propuesta formal para un aumento del 18%, además del pago de un bono de 20.000 para quienes cobren por debajo de los 400.000 pesos y el aumento en el pago de las asignaciones familiares.
Durante la jornada del martes, se filtró un petitorio general en el que agentes del servicio penitenciario rechazarían la implementación de aumento en la carga horaria.
Un violento asalto quedó registrado durante la mañana del lunes, cuando tres delincuentes redujeron a un conductor de un remis atándolo de pies y manos, para encerrarlo en el baúl del automóvil con el que tenían decidido cometer un robo millonario.
Minutos antes de la aprehensión, el sujeto, mediante engaños, había estafado a un transeúnte.
Karina, de 20 años, regresó a la casa donde fue maltratada desde niña; es porque Nación dejó de pagar una asignación que por ley perciben los jóvenes que cumplen 18 años y egresan de hogares sin haber sido adoptados.