"La actitud dilatoria en resolver la libertad condicional de las detenidas responde a un paradigma violatorio de los derechos humanos", coincidieron en un comunicado la vicepresidenta de la APDH nacional, María Elena Naddeo, el presidente de la APDH Jujuy, Luis Urtubey, y el abogado Luis Paz.

El escrito, presentado en conjunto por la APDH en sus órbitas tanto nacional como así también regional de Jujuy, hace especial referencia a los casos de Graciela López, Adriana Condori y María Condori.

“Nuevamente es preciso activar los canales de denuncia locales e internacionales para denunciar la arbitrariedad existente en la provincia de Jujuy, donde predomina la indefensión y la imposibilidad de contar con un juicio justo y tribunales independientes”, agregaron.

El mencionado Juzgado de Ejecución Penal, a cargo del Dr. Emilio Cattan, ya ha recibido numerosas presentaciones, sin que haya existido una respuesta positiva.

En el juicio de los "Pibes Villeros" se investigó a 30 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.

María Graciela López fue condenada a siete años de prisión, más la pena de inhabilitación absoluta por idéntico término, por haberla encontrado “autora material y responsable del delito de asociación ilícita” en carácter de integrante, y de fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas en calidad de coautora.

Las cooperativistas María Condori y su hermana Adriana Condorí también recibieron prisión por siete años, más la inhabilitación absoluta por idéntico término, por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas.